Por Víctor Bruzzoni*
Redactor Especial
El Juzgado Federal Nº 2 a cargo de la jueza, Belén López Macé, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en un plazo de 24 horas –la semana última-, deje sin efecto las medidas de retención y suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el territorio provincial. Dispuso, además, la inmediata liberación de los fondos retenidos de cuentas bancarias de beneficiarios, informó la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).
La Justicia de Formosa dispuso que, de manera perentoria (dio 24 horas la semana última) la ANDIS deje sin efecto las retenciones y suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral en toda la provincia. Además, dispuso la inmediata liberación de fondos en cuentas bancarias de beneficiarios con discapacidad, que permanecían retenidos.
Como se sabe días atrás el gobierno nacional despidió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, Diego Spagnuolo. Luego de que trascendieran audios del ahora ex funcionario, con acusaciones de corrupción que alcanzan a los más altos cargos de gobierno. De hecho, está involucrada, Karina Milei, mano derecha del Presidente.
La medida surgió tras un amparo efectuado por la Asociación «Camino Azul-TEA Formosa», presidida por Florencia Santa Cruz, beneficiarios afectados y por la Defensoría del Pueblo. Justamente, Santa Cruz aclaró que “no estamos contra las auditorías». Pero advirtió que eso, siempre y cuando, “sean necesarias y no afecten a las personas que más necesitan».
Efecto colectivo en Formosa
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, sobre la decisión judicial explicó que “esta acción de amparo tiene un efecto legal “erga omnes”, es decir, que es para todos. Aparte de ‘Camino Azul’ y los casos indubitados, tiene efecto sobre todos los pensionados de la provincia de Formosa».
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene el más alto rango constitucional, obliga al Estado a proteger y promover los derechos de todas las personas con discapacidad. Incluidas aquellas que requieran una mayor asistencia. No es opcional esa obligación: el Estado debe garantizar la asistencia sin más.
Y el Estado no puede eludir esa asistencia. Que las familias necesitan para que sus hijos e hijas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, con igualdad de oportunidades. Por otra parte, la agencia de noticias Agenfor, recabó, asimismo, que “es el primer precedente que existe en este tema a nivel nacional, con efecto colectivo”.
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