La funcionaria difundió -según reveló el reconocido organismo de derechos humanos, además, Mecanismo de Prevención contra la Tortura (ONU)- una “Fake news” para eludir la responsabilidad policial por gasear a una niña de 10 años, ayer en la manifestación de opositores al veto del gobierno al aumento a jubilados. La CPM reveló asimismo que presentó una denuncia penal por las lesiones a la niña. Hasta ahora Monteoliva permanece en su cargo.
Tras las denuncias por los exagerados operativos que el ministerio de Seguridad -a cargo de Patricia Bullrich- monta para reprimir la protesta social; ayer efectivos de la Policía Federal, La Gendarmería y la Prefectura Naval, se mantenían semiocultos en el Congreso detrás de vallas, y en las inmediaciones en vehículos y colectivos.
Teniendo en cuenta que la manifestación era contra el veto de la movilidad jubilatoria era absurdo de toda absurdidad semejante operativo. Y ayer, alrededor de las 16, una valla cedió -en Rivadavía y Callao- por la obvia presión de los manifestantes y allí si aparecieron los efectivos con armas, gas pimienta y demás.
La Comisión Provincia por la Memoria (CPM) con su uniformes siempre está en el lugar pues monitorea las marchas, por su potestad legal como Mecanismo de Prevención contra la Tortura (ONU). Directivos del organismo como Roberto Cipriano García y Sandra Raggio siempre están, en estos casos frente al cañón, no al pie.
Ayer en puntos como la calle Entre Ríos en la plaza del Congreso, donde había algunos móviles de canales (Crónica, por ejemplo) algunos manifestantes, entre ellos jubiladas y jubilados, les reprochaban su actitud amenazante. Y así al menos en una oportunidad un policía roció con gas a una mujer; no se aguantó.
Operación mediática
En este contexto represivo, la Comisión Provincial por la Memoria difundió que “la represión en el marco de la protesta por el veto a la ley de movilidad jubilatoria tuvo como saldo alrededor de 50 heridos por gases, balas de goma y golpes, entre ellas la niña de 10 años que pasaba casualmente con su madre por el lugar”.
Pero además, que “la secretaria de seguridad, Alejandra Monteoliva, montó una operación mediática con imágenes falsas intentando construir una versión del hecho que sindicaba como responsable a “una mujer vestida de naranja”, que pertenecería a un grupo de rescatistas que ya habría sido identificados en varias marchas vinculados con los derechos humanos”.
Según el montaje de Monteoliva, explicó la CPM, “Estos grupos estarían “infiltrados” por personas que buscan provocar el caos”. También informó que la fake news se difundió “durante el programa ¿La ves? conducido por Jonatan Viale en el prime time (el horario de mayor audiencia) de la televisión”.
Para la CPM, “Este intento de justificar la represión construyendo una escena de caos y violencia por parte de los manifestantes utilizando la figura de `infiltrados`(…) o, lo que es más grave, pretender asociar a los “derechos humanos” con este tipo de actos violentos remite de manera directa a las operaciones de acción psicológica de la dictadura militar”.
Extrema gravedad
El reconocido organismo de derechos humanos -que además tiene en sus filas, por caso, al Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, (vecino de San Isidro)- observó que eso hacían “cuando se buscaba ocultar la violencia represiva creando falsos enfrentamientos” y “acusando a los que denunciaban como parte de campañas internacionales, entre otros”.
“Para la CPM –con absoluta razón- Es de extrema gravedad que el Ministerio de Seguridad monte estas operaciones, obstruya a la justicia y acuse falsamente a supuestos “infiltrados” de organizaciones de derechos humanos para garantizar la impunidad de quienes ejercen bajo sus órdenes una represión violenta (…).
También consideró que tal represión es “desproporcionada y arbitraria” y “sólo busca impedir el libre ejercicio de la protesta y justificar la represión. La CPM, asimismo, informó que presentó “la denuncia penal por las lesiones a la niña, y exige una investigación independiente de la justicia para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables directos y mediatos”.
La CPM, asimismo, exige “la renuncia de la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, por encubrimiento del accionar policial y falsas acusaciones contra organismos de derechos humanos y socorristas a quienes acusa –paradójicamente- de lo que hacen las fuerzas bajo su mando”.
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