Del País, Derecho, Opinión, Poder Judicial, Por Juan José Prado

Ahora también la Corte Suprema interviene las provincias de San juan y Tucumán  

Los actuales miembros de la Corte Suprema

Los actuales miembros de la Corte Suprema

En una nota de opinión, concisa y clara, a propósito de la decisión del máximo tribunal nacional del Poder Judicial, de suspender elecciones democráticas en San Juan y Tucumán,  el abogado de derechos humanos, Juan José Prado vuelve a recordar que el artículo 36 de la Constitución Nacional determina que debe sancionarse a quienes usurpen funciones previstas para las autoridades de la Constitución o las provincias y que, en definitiva, los ciudadanos tienen  derecho de resistencia contra quienes atenten contra el sistema democrático.

Por Juan José Prado*

La medida cautelar dictada en el día de la fecha (por ayer martes 9) suspende las elecciones del domingo próximo en San Juan y Tucumán. Esas elecciones las dispuso cada Legislatura Provincial que fijó el calendario. El  Ejecutivo provincial de cada jurisdicción, que dispuso su realización y la Justicia-Tribunal Electoral, que aprobó en virtud de las autonomías fijadas por la Constitución Nacional.

Todo eso en virtud del funcionamiento de  nuestro sistema federal republicano. Por lo tanto si la sociedad argentina no se despabila, quedará sometida a la dictadura del Tribunal Supremo nacional, que determina no solo cómo se distribuyen los fondos de la res-publica, sino la proscripción de candidatos que no son de su paladar. 

“(…) con ese tipo de decisiones arbitrarias de la Corte en los hechos dejamos de
pertenecer a un sistema democrático político.”

El panorama a 40 años de la vuelta a la democracia parece desolador. Porque con ese tipo de decisiones arbitrarias de la Corte en los hechos dejamos de pertenecer a un sistema democrático político ¿No deberían rebelarse contra esos fallos arbitrarios los gobernadores en virtud del artículo 36 de la Constitución Nacional (CN)?

¿No debería el Poder Ejecutivo nacional intervenir, por ejemplo poniendo en comisión a los supremos díscolos y antidemocráticos?  ¿El movimiento obrero organizado no siente que se están coartando los derechos políticos de miles de trabajadoras y trabajadores de provincias argentinas y debería actuar en consecuencia?

El artículo 36 también expresa que los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático serán insanablemente nulos. Pero es la ciudadanía en general la que debe reclamar por la democracia como sistema de vida. Porque además es la ciudadanía la que tiene el derecho de resistencia. Ese es el desafío que tenemos.

*Abogado. Ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires AABA. Miembro de la Mesa Directiva de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Gran Maestro de la UBA.

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