Tras perder una votación sobre urbanismo vinculada al desarrollo inmobiliario Remeros Brickell el concejal Sebastián Rovira (massismo) trasladó su contrariedad a las redes digitales, escrachó a algunos de los ediles que le ganaron la pulseada en el recinto –el oficialismo y otros bloques, dado que el Frente Renovador votó negativo en solitario- y armó una suerte de “denuncia”. En rigor, al analizar y debatir el tema en comisiones, el Frente Renovador no había planteado nada de lo armado para las redes, aseguraron desde dos bloques. No es la primera vez que Rovira usa Internet para armar operaciones.
El Concejo Deliberante de Tigre en su momento aprobó por mayoría de bloques oficialistas y opositores, en legal forma, la construcción de tres edificios de 11 pisos al desarrollo inmobiliario Remeros Brickell. Luego el Ejecutivo municipal instrumentó por 90 días –solo en este periodo- una suspensión a construcciones mayores a 8 pisos.
El tema de los edificios de once pisos se analizó en comisiones del Concejo. Bajo el Exp. 247/2026. De allí, surgió un proyecto para debatir y votar en sesión. Y los concejales lo votaron según sus convicciones. Así en este caso, con votos positivos de la mayoría –solo el bloque massista se opuso- la norma se aprobó para que siga su curso.
No en comisión, donde se construyen políticamente los proyectos que luego se aprueban o rechazan, sino en la sesión el concejal Sebastián Rovira consideró que uno de los edificios ya tenía once pisos antes de que el Concejo lo autorizara; y “acusó” al oficialismo y al Ejecutivo de convalidar tal situación.
Del recinto a las redes

Desde la oposición que voto positivo, el concejal Diego Avancini (LLA) –también en sesión- le explicó a Rovira –sin nombrar- que el proyecto original sostenía construcciones con sus 11 pisos -posteriormente una norma suspendió el lapso 90 días- y tras ese lapso concreto se terminó esa suspensión. Nunca hubo un edificio de 11 pisos construido ilegalmente.
Se trataba, asimismo, de algo lógico en el derecho, además, como es el lapso de aplicabilidad (tempus regim actus, ya en Roma antigua). Luego, Federico Stachowiak (FdT) también explicó que la suspensión dentro del plazo de su vigencia corrió para los proyectos nuevos (retroactividad de las leyes, otro principio básico del derecho).
Avancini, asimismo, más allá de lo legal cuestionó que en comisiones no se hubiera planteado esa duda y consideró importante que “las objeciones, preocupaciones de un proyecto se hablen en comisiones, no se guarden, pues en comisión de pueden modificar proyectos, pero si no se dice nada se sabe que el que calla otorga”.
Los concejales Avancini y Stachowiak, en resumidas cuentas, explicaron que la ordenanza aprobada no autorizaba aquello que había “denunciado” Rovira. Y que la decisión respondía a la necesidad de respetar el marco jurídico vigente, teniendo en cuenta una disposición municipal posterior que había modificado transitoriamente las condiciones aplicables.
Aclarados los términos, el Frente Renovador –el concejal Rovira al menos- trasladó la discusión a las redes sociales. Pero en lugar de limitarse a su argumentación, apuntó contra los concejales que acompañaron la ordenanza urbanística. Lo cual, sin duda, quedó como una maniobra u operación política, ante la imposibilidad de lograr los votos en el recinto.
Postear no es legislar
Para el oficialismo, y no pocos analistas de la situación, lo ocurrido durante la sesión expuso serias contradicciones en los argumentos de los concejales del bloque Fuerza Tigre, la representación massista en el deliberativo local. Pues en las comisiones de concejales, el Frente Renovador se guardó los argumentos, para luego armar la operación en las redes.

Justamente, desde el oficialismo pusieron de relieve, tras la sesión, que “la intervención de los concejales massistas no contribuyó a esclarecer el debate”. Y reafirmaron: “La ordenanza aprobada no otorga permisos de construcción, no autoriza modificaciones edilicias automáticamente ni concede excepciones a las normas urbanísticas vigentes”.
En esta línea aceptaron que “disentir es legítimo, pero transformar una interpretación política en acusaciones públicas exige pruebas y fundamentos. Los vecinos de Tigre merecen representantes que conozcan las normas, debates sustentados en argumentos y, sobre todo, información veraz”. Sin duda esto pone en tela de juicio, además, las redes digitales.
También destacaron que la iniciativa de limitar alturas, sin entorpecer la situación del sector de la construcción, que de por sí, está muy mal en la actual crisis económica, partió del Ejecutivo Municipal. La envió al Concejo para convalidar democráticamente su decisión, y allí se aprobó por mayoría. Curiosamente, o no tanto, el Frente Renovador también se opuso.












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