Por Víctor Bruzzoni*
Redactor especial
El Tribunal Oral Federal número 5 del Dpto. Judicial de San Martín condenó a cuatro genocidas integrantes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), por voto unánime. Las juezas, María Claudia Morguese Martín (presidenta); Silvina Mayorga, y el magistrado Walter Venditi, conformaron l Tribunal. La causa imprescriptible, por delitos de lesa humanidad, se inició en agosto 2024. Los fundamentos de la sentencia se leerán el 26 de junio, a las 13,15.
Se trata de de Juan Carlos Herrera (79) ex teniente primero; José Juan Zyska (71) ex cabo de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, ambos condenados en como coautores por privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos. Herrera también sancionado por abuso sexual con acceso carnal, en los centros clandestinos de El Palomar y “Mansión Seré”, parte del circuito represivo en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.
También del excapitán retirado, Ernesto Lynch (82), de la VIII Brigada Aérea de Moreno, sentenciado a 25 años, por delitos similares a los de Herrera. Lynch fue el jefe del grupo de tareas –así se autodenominaban las bandas- 12, que salía a apropiarse de víctimas por las calles de Moreno, a bordo de unas camionetas conocidas como “Las Tres Marías”.
Su sobrina, Noelia Lynch –hija de otro represor, Héctor Lynch; y participante del colectivo de derechos humanos, Hijos Desobedientes- fue una de las declarantes en el debate oral y público. La condena, también abarcó a Julio César Leston (79), exintegrante de la FAA, por coacción; y torturas a personas cautivas en la Comisaría bonaerense de Castelar.
El quinto murió sin condena
En rigor, Juan Carlos Vázquez (un exagente de la Fuerza y apropiador de bebés que actuó en la Regional de Inteligencia Buenos Aires RIBA), era el quinto acusado en el proceso judicial. Este permaneció prófugo por casi 20 años. Y, además, falleció antes de recibir sentencia, cerrando un capítulo sin condena.
El 24 de marzo de 1976 se inició la última dictadura en la Argentina. Sus cabecillas eran Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. Impusieron un régimen de represión sistemática y desaparición forzada, con ejecuciones sumarias a personas sospechosas de pertenecer o simpatizar con organizaciones contrarias al régimen. Al menos 30.000 personas fueron detenidas-desaparecidas por la dictadura.
Los secuestrados eran trasladados, distribuidos dentro 814 centros clandestinos de detención existentes en todo el territorio nacional. Padecieron torturas y, en muchos casos, fueron desaparecidos y asesinados. Un crimen adicional fue el robo de niños, hijos de las víctimas, a los cules entregaban ilegalmente a cómplices o allegados al régimen.
Delitos contra menores
El TOF (Tribunal Oral Federal) ordenó, además, que el ministerio de Defensa disponga la baja por exoneración de los acusados de la Fuerza Aérea. Y que aplique la suspensión de goce “de todo retiro, pensión o jubilación que puedan estar gozando”. Al Registro nacional de Armas ordenó que les retire a los cuatro “toda arma que pudieran poseer”.
Otro de los puntos sobresalientes del veredicto fue la extracción de testimonios y documentación reunidos en el expediente y el debate (postergado dos veces). Y el envío del material a un Juzgado de instrucción. Para avanzar en la ampliación de la acusación que, a fines de 2025, habían tramitado las querellas y el Ministerio Público Fiscal sobre los delitos de lesa humanidad contra víctimas que, al momento de los hechos, eran menores.
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