La concejala de Vicente López, Marcela Cortiellas Córdoba, participó en la audiencia pública virtual; para debatir el aumento de las tarifas de energía en el AMBA hasta 2023, que organizó el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad ENRE, el martes último. Las empresas reclaman entre el 81% y el 157% de aumentos, en función de sus ganancias. Para la edil del Frente de Todos “esa adecuación no es razonable” porque “no puede ser que las rentabilidades extraordinarias sean solo lo que rescatan estas empresas, y no tengan en cuenta la situación económica y social”.
Durante la gestión Macri las tarifas de energía se dispararon a precios siderales. Pues su gobierno dolarizó parcialmente la tarifa que imponían las generadoras de energía (privadas) sin control alguno de que fuera razonable; y retiró los subsidios que el Estado les transfería a las distribuidoras para que no aumenten las tarifas al usuario.
Blanco sobre negro, dejó que los usuarios se arreglen como puedan para pagar la luz, el gas, el agua, a tarifa impuesta por las empresas. Las familias, la industria y el comercio, clubes; todos los usuarios se perjudicaron por los tarifazos irrazonables e incontrolados que autorizaba, como ministro, el ex CEO de una firma de energía.
A través de la Ley de Solidaridad Social, aprobada por el Congreso Nacional a fines de 2019, la actual gestión congeló las tarifas y declaró la emergencia pública tarifaria y energética. Fue para llegar desde un negocio dejado al albedrío del mercado a “un sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”.
Audiencia Pública
En este contexto, el martes último tuvo lugar una audiencia pública, organizada por el ENRE, para debatir la actualización de las tarifas de electricidad en el AMBA. Las empresas reclaman aumentos entre el 81% y el 157%; que con un atajo de promedios matemáticos las firmas pretendieron esconder en porcentajes menores.
Es que si hay una persona muerta de hambre y al lado otra que come dos pollos a la vez, el promedio permite decir que hay un pollo por persona. Las empresas difundieron un “promedio” de incrementos entre el 28% y el 34%; sin exponer que los aumentos incidirán más en los usuarios residenciales (R1 y R2) que son más del 80%.
La concejala de Vicente López, Marcela Cortiellas Córdoba (Frente de Todos), participó en la audiencia pública virtual. Y allí recordó que entre 2015 y 2017 las tarifas aumentaron más el 3.200%; “la mayoría eran usuarios y usarías residenciales”, señaló y evaluó que las empresas de energía eléctrica “han tenido ganancias millonarias”.
Cortiellas Córdoba, que además forma parte del secretariado de la CGT Zona Norte (por el sindicato estatal UPCN), también evaluó que “venimos de cuatro años que fueron devastadores para la producción y la clase trabajadora” y “más de 3.000.000 de hogares cayeron en una situación de pobreza e indigencia energética”.
La edil también advirtió los problemas de los tarifazos en las mujeres jefas de hogar, en las pymes; y reafirmó que “las tarifas energéticas impactaron fuertemente en la clase trabajadora”. Desde esta perspectiva se pregunto: “¿Es razonable que hoy las empresas energéticas quieran aumentar entre el 81% y el 150% sus tarifas?”
No es viable
Para la concejala “no puede ser que las rentabilidad extraordinaria sea solo lo que rescatan las empresas. Y no tengan en cuenta la situación económica y social que hoy se maneja en la Argentina”. En esta línea sobre la energía consideró: “entendemos que es un derecho esencial y no una mercancía neoliberal”.
Cortiellas C., además, puso en tela de juicio los números de las firmas sobre el congelamiento. “Ellos esgrimen, $22.000 EDENOR y $38.000 millones EDESUR, de pérdidas por el congelamiento de tarifas, pero nunca vimos los números extraordinarios que ganaron los grupos económicos que ellos representan”, advirtió.
Luego explicó que tampoco es viable el aumento con los salarios en la pandemia. “Los salarios –afirmó- están por debajo del 25% de la inflación y las paritarias “exitosas” son del 30%. Vemos que un aumento de la magnitud que quieren las empresas no es viable para nuestro pueblo, y sobre todo para la clase trabajadora”.
También cuestionó el monopolio de las empresas de energía “porque tenemos que tener libertad de elección y no estar condicionados por las presiones a nuestros gobiernos y a nosotros por estos aumentos”. Y a modo de resumen señaló: “Necesitamos una política energética soberana para que haya justicia social”.
En esta línea planteó, asimismo, que se cumplan el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que jerarquiza los tratados internacionales que por ejemplo incorporan la energía como un derecho fundamental; y el 42, que exige a las autoridades de gobierno la protección de los derechos de consumidores y usuarios.
Gustavo Camps
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