Es para recomponer ingresos de docentes de todo el país. La gestión Milei desfinancia la educación y genera un “fuerte deterioro del salario docente” señaló una comunicación de diferentes bloques. Allí se informa que más de veinte diputados nacionales de diferentes provincias promueven la creación del “Fortalecimiento Salarial Educativo”. Este fondo se financiará con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Tendrá asignación específica y distribución automática, para que los fondos lleguen directamente al recibo de sueldo docente, sin intermediaciones.
La crisis educativa avanza en la gestión Milei, un presidente desinteresado por la educación. Frente al inicio del ciclo lectivo, entonces, este desinterés, que se manifiesta de múltiples formas, estará atravesado por serios conflictos. Por ejemplo, generados por el fuerte deterioro del salario docente y el desfinanciamiento generado por el gobierno.
En este contexto, pernicioso para el país, diputados de distintos bloques políticos de la oposición impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial educativa. Es por cinco años –la gestión Milei concluirá antes, en 2027- y garantiza “un refuerzo directo para recomponer los ingresos de los docentes de todo el país”.
Iniciativa plural
La iniciativa se inscribe en un escenario de creciente conflictividad –no solo en educación, sino en temas clave como salud, seguridad, trabajo, discapacidad, desde ya economía- en el sistema educativo en todo el territorio nacional. Por caso, informa la comunicación, entre 2023 y 2025, el salario docente perdió en promedio el 19% de poder adquisitivo.
Esto “generó retrocesos salariales en 19 de las 24 jurisdicciones del país”. Y Milei, “bien gracias”. Paralelamente, se explica, en un marco que evidencia claramente el retiro del Estado nacional, en materia de financiamiento educativo, la inversión educativa real durante todo el gobierno de Milei tuvo una caída de 47,7%, (si, casi la mitad).
Asimismo, la información sostiene que cayó el 37,6% con relación al PBI. El nivel más bajo en 20 años (2005). A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país, e iba directo al recibo de sueldo. De hecho, se retiró de esos salarios.
La información también suma la ausencia de paritaria nacional. El gobierno actual se caracteriza por decidir solo. Como si fuera un rey; no un presidente democrático elegido por cuatro años en un sistema de poder con tres ramas independientes: legislativa, judicial y ejecutiva. Y el veto a leyes de financiamiento educativo.
Propuesta superadora
El ajuste educativo, observa la información, no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia. Pero, además, como “solución”, el gobierno apresa a las y los niños desde más temprana edad –se discute una ley que baja la imputabilidad a los 14, el gobierno prefería 13-, en lugar de incentivarlos a ir al colegio.
Esta situación pone de manifiesto una incongruencia en el relato oficialista. Mientras el Poder Ejecutivo, mediante un DNU, declaró a la educación como un «servicio esencial» en paralelo asfixia financieramente al sistema. Elimina el FONID, paraliza las paritarias, revela que la «esencialidad» es utilizada apenas como una herramienta de control.
La comunicación destaca que eso el gobierno no lo hace como un compromiso real con la calidad educativa o la dignidad de quienes sostienen las aulas. En este contexto los diputados nacionales de catorce provincias –no solo Buenos Aires, que es la más grande y tiene representantes en esto- generaron esa propuesta superadora hacia la docencia.
El Fortalecimiento Salarial Educativo, entonces, se financia con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), “con asignación específica y distribución automática, de modo que los recursos lleguen directamente al recibo de sueldo docente, sin discrecionalidad ni intermediaciones”, pone de relieve la información.
Mecanismo transparente y automático
El proyecto, evalúa la información de los autores, “establece un mecanismo claro, transparente y automático para que los recursos impacten directamente en el salario docente. Es una decisión concreta para terminar con el uso discrecional de los ATN (algo que también perpetra la gestión Milei) y garantizar federalismo real”.
Incluye a docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal que recibirán $52.269 por mes, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad. Esto representa un total cercano a $119.473 adicionales por cargo entre marzo y diciembre, se señala.
Y además se destaca que prioriza además “a quienes se desempeñan en contextos de mayor vulnerabilidad”. El proyecto, asimismo, informaron, “también aborda el deterioro de la infraestructura escolar y de la educación técnica de nivel secundario. Así, propone destinar recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional de 2025 que no ejecutados.
Este total, puntualiza la información, suma $740.500 millones para obras, reparaciones y mantenimientos en todo el país. “Se trata –evaluaron- de una inversión clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación que hoy se ven afectados por el recorte de la gestión Milei directa o indirectamente.
Dinero para las aulas
Por caso explicaron que el 75% del remanente del fondo de ATN de 2025 será destinado a la mejora de la infraestructura edilicia educativa de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario. Mientras que el restante 25% será específicamente destinado para establecimientos de educación técnica de nivel secundario de gestión estatal.
La información destaca que “el proyecto no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación”. Entonces, “Reasigna recursos ya existentes y elimina cualquier margen de discrecionalidad política mediante un mecanismo automático, transparente y con rendición obligatoria. El dinero vuelve a las provincias y llega directamente al aula”.
Por su parte, el diputado, Nicolás Trotta, uno de los promotores, sostuvo “Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación. La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”. También reafirmó críticas a la gestión del Ejecutivo.
“Mientras el gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, fija aumentos en cuotas que no alcanzan y profundiza el ajuste educativo –se diferenció Trotta de las políticas útiles para pocos de la gestión Milei- nosotros proponemos una herramienta concreta para recomponer ingresos y sostener el sistema educativo”.
Federalismo fortalecido
Para las y los autores “se trata de una decisión de política pública orientada a fortalecer el federalismo y la equidad territorial”. Y consideran: “La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno. El Poder Ejecutivo Nacional optó por desestimar su responsabilidad, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias”.
Impulsan la iniciativa las y los diputados nacionales Trotta (por Buenos Aires); Natalia De la Sota (Córdoba). Asimismo, Miguel Ángel Pichetto (Bs. As); Guillermo Snopek (Jujuy); Marcela Pagano (Bs. As.); Sebastián Galmarini (Bs. As.). También Esteban Paulón (Santa Fe); José Glinski (Chubut); Mónica Frade (Bs. As.), Maximiliano Ferraro (CABA).
Asimismo, Moira Lanesan (Santa Cruz); Agustina Propato (Bs. As.); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Martín Aveiro (Mendoza); Jorge Chica y Cristian Andino (San Juan); Pablo Yedlin (Tucumán), Ernesto Alí (San Luis); Luis Basterra (Formosa); Raúl Hadad (Corrientes); Santiago Roberto (CABA); Marcelo Mango (Río Negro); y Pablo Todero (Neuquén).
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