Con la excusa del “desequilibrio fiscal” el actual presidente, Javier Milei, ingresó un recurso suspensivo contra la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, de fecha 6 de abril último, que lo obliga a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Milei no quiere cumplir con la Ley. Desde el Foro Permanente de la Discapacidad consideraron “oscura” la argumentación de la presentación a la Corte. Pues ejemplifica con recortes en otros servicios útiles que debe prestar el Estado, para poner a la discapacidad como un sector “egoísta” que pide privilegios, cuando en rigor reclama derechos legales y racionales.
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La Cámara Federal de San Martín había ratificado la marcha “inmediata e integral” de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (L. 27.793) el último 6 de abril. Tal fallo, entonces, obliga a la gestión Milei a dejar de dilatar y eludir la ley, con decretos u otras argucias administrativas. La inverosímil excusa del gobierno es el “desequilibrio fiscal”.
Ya que no pudo parar la Ley –aprobada en dos oportunidades por el Congreso Nacional, que la sancionó y rechazo un veto del propio Presidente- ahora la gestión Milei fue contra la sentencia de la Cámara Federal de San Martín. Y para el Foro Permanente de la Discapacidad lo hizo de peor manera, tratando de estigmatizar al sector.
Es porque en los “fundamentos” contra la Ley, el gobierno nacional expresa que cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad llevaría a “desfinanciar el patrullaje de las fuerzas federales, la provisión de alimentos en cárceles, programas de salud pública como el PACBI —dirigido a personas que padecen patologías de alto costo y baja incidencia, que necesitan medicamentos y tratamientos costosos—, y el suministro de medicamentos”.
Excusas no argumentos dignos
En tono de excusa, la gestión Milei le dice a la Justicia que cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad obligaría “a paralizar funciones estatales básicas”. En rigor, es algo que ya hace sin aplicar la ley. Po ejemplo, hay sectores, como el de los jubilados, a los que el gobierno ya les retiró el suministro de medicamentos gratuitos.
Según los cálculos de la gestión Milei el cumplimiento de la Ley demandaría 3 billones de pesos (0,35% del PBI), lo cual provocaría un “desequilibrio fiscal”. No parece tanto, además, si se tiene en cuenta que la provincia de Buenos Aires denunció en la Justicia que la gestión Milei no le paga $16,7 billones de fondos recortados, transferencias y programas.
El Foro consideró que la estrategia del gobierno al argumentar así estuvo “perversamente pensada”. Pues plantea que el gobierno debería “desnudar a unos para vestir a otros”. Además, evaluó que esa excusa “lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”.
El cumplimiento de la ley, según el gobierno, señala el Foro, “produciría que la población en general se quede sin la protección de las fuerzas federales por culpa de la atención de las personas con discapacidad; que las personas que viven en las cárceles sean privadas del alimento por ellas”; y así. En una palabra, se trata estigmatizar al sector.
Desunión en lugar de bien común
Desde el Foro reconocieron que la Procuraduría de la gestión Milei “ha sido astuta al buscar enfrentar a la población argentina: menos seguridad, menos medicamentos, menos atención y menos alimentación para algunos, a costa del bien de otros”, es decir, “de las personas con discapacidad”. Con claridad, el Foro también dio su visión de las cosas.
Por caso, el Foro sintetizó que para el gobierno “Para que las personas con discapacidad tengan una vida digna, hay que hacer un país menos seguro y empobrecer a algunos”. Y evaluó: “En vez de unirnos en la búsqueda de la comunión que nos permita construir el bien de todos”, la gestión Milei “nos lleva a la desunión, a la lucha entre hermanos”.
Y exhortó a los ministros de la Corte de justicia a que “tengan en cuenta lo dicho y que este recurso extraordinario no siga adelante. Porque darle continuidad sería dejar sin atención a las personas con discapacidad” y permitir “que se imponga el planteo del gobierno de que no queda otra salida más que quitar a unos lo básico para que otros tengan una mejor vida”.
El Foro, además, pidió: “No aceptemos esta propuesta oscura de que (…) unos mueran para que otros vivan”. Advirtió que mientras el gobierno hace esos planteos “hay varios que siguen nadando en la riqueza (…)”. Y exhortó, asimismo, a “que hagan ver a este gobierno que existen alternativas para dar respuesta a esta situación sin afectar derechos básicos”.
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