El gobierno provincial de Tierra del Fuego denunció que el gobierno nacional permite el anclaje de un buque británico –el petrolero VS Promise- en el puerto de Ushuaia, previamente intervenido por Nación. El gobernador, Gustavo Melella, calificó como “inadmisible” que se permita tal operatoria náutica al país que mantiene el coloniaje de las islas Malvinas argentinas. Sin duda es algo obvio, pero no para la gestión Milei. Se sabe, asimismo, que la provincia judicializó la intervención del Puerto en enero último, por considerarla inconstitucional.
“Repudiamos la operación de un buque de bandera británica en el Puerto de Ushuaia” dice un posteo en Instagram del Gobierno de Tierra del Fuego, donde se informa, asimismo, que “el hecho ocurrió mientras el Puerto permanece intervenido y fuera de la administración provincial”. El repudio, asimismo, se replicó en medios de todo el país.
También se sabe que la provincia, en enero último, fue a la Justicia federal, contra la intervención, bajo el argumento de que la medida de la gestión Milei, de intervenir el puerto provincial, es inconstitucional debito a que con tal decisión política se violó la autonomía provincial y disposiciones legales del régimen de administración del puerto.,
En esta línea tras el repudio al amarre inglés la provincia explicó: “La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos. Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada”.
Explicaciones
La sigla ANPyN remite a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el organismo, argentino, creado por la actual administración, como autoridad portuaria nacional. El decreto de creación (3/2025) la justificó para reorganizar la gestión portuaria; algo que, en rigor, hasta ahora generó críticas y conflictos (el intento contra el practicaje, por ejemplo).
Sobre la presencia del buque británico, entonces, Tierra del Fuego exigió “explicaciones sobre los criterios bajo los cuales se autorizó esta operación y mantiene firme su reclamo por el cese de la intervención y la restitución de la administración portuaria”. También reafirmó que continuará defendiendo sus competencias y la soberanía en el Atlántico sur.
Es verosímil la postura del gobierno de Tierra del Fuego. Pues tras la intervención de la Gestión Milei al Puerto de Ushuaia no trascendieron avances ni políticas de gestión útiles allí. Solo esta vez se conoció la autorización a un buque de una potencia extranjera que, prácticamente hace dos siglos, mantiene su presencia ilegal en islas argentinas.
“Se intervino el Puerto invocando razones de soberanía. Hoy se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, señaló la provincia. Y advirtió: “Tierra del Fuego continuará defendiendo sus competencias y los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur por todas las vías institucionales a su alcance”.
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