Varios organismos de derechos humanos advirtieron que “El uso desmesurado y desproporcionado del poder de fuego letal provocará mayores daños” en un comunicado donde expresaron el rechazo a la “Resolución 2018-956”, que se reveló ayer jueves 29, donde “se habilita a las fuerzas federales de seguridad a usar armas de fuego”. Aunque el gobierno aceptó que la marcha contra el G20, recorra las avenidas 9 de Julio, desde San Juan y llegue por Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional, el despliegue de efectivos pertrechados, móviles y armas en la ciudad, resulta una amenaza.
En un comunicado conjunto, más de una docena de organismos de derechos humanos -entre los cuales está la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte- expresaron su “más profundo rechazo” a la resolución 2018-956 APN- MSG, revelada ayer jueves, del Ministerio de Seguridad de la Nación, que “habilita a las fuerzas federales de seguridad a usar armas de fuego”.
El obelisco de la CABA (Corrientes y 9 de Julio, CABA) se utilizó como parada de los móviles que traían a las fuerzas de seguridad
Los organismos sostuvieron que la resolución -firmada en el contexto del G20 y la marcha contra el G20 que tiene lugar en estos momentos- “viola el principio de inocencia de las personas hasta demostrar lo contrario” y “legaliza la implementación de la violencia por parte del Estado responsable de proteger la vida y garantizar la seguridad de “todas” las personas”.
Los organismos también pusieron de relieve que “manifestarse y peticionar no es un delito, sino un ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Constitución y en los tratados incorporados a ella”. Por ende, la decisión del gobierno apunta a “disciplinar violentamente a quienes se opongan a las medidas que está causando en nuestro país un drástico retroceso”.
“Enmascarado detrás de la “inseguridad” -explicaron los organismos en el comunicado de prensa, donde responsabilizan al gobierno- se esconde la inseguridad jurídica, la misma que permitió por años que los genocidas gozaran de impunidad; la misma que deja sin condena la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la violación y asesinato de la joven Lucía Pérez».
“Siempre hemos bregado por la paz y la democracia. Hacemos responsable al Presidente Mauricio Macri de la difícil etapa por la que está atravesando nuestra patria y le exigimos revierta el rumbo económico y político que nos está llevando a una situación de enorme gravedad” sostuvieron finalmente.
Firman el comunicado -de nuestra región la Comisión Memorias Verdad y Justicia Zona Norte- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asambleas Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social, Asociación Buena Memoria y Liga Argentina por los Derechos del Hombre
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