Al eliminar las compensaciones del transporte gratuito, el gobierno nacional pone en peligro el transporte público de las personas con discapacidad. La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de Nación, informó el Foro de la Discapacidad, derogó el régimen de compensaciones económicas para ómnibus de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y otros beneficiarios.
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Otra medida contra las personas con discapacidad -sector desde donde tiempo atrás comenzaron a ventilarse hechos de corrupción del gobierno nacional- amenaza la movilidad y el derecho básico de transitar. Se trata de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, informó el Foro de la Discapacidad esta semana que pasó.
La medida, explicó una comunicación del Foro, deroga las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023. Estas normas, especificaron, “establecían mecanismos de compensación parcial del Estado para cubrir los boletos gratuitos que las compañías debían garantizar por ley”. También destacaron que la mala nueva abarca a más sectores.
Discapacidad y otros
La revelación del Foro muestra que la medida de la gestión Milei perjudica a las personas con discapacidad, asimismo a personas trasplantadas o en lista de espera y a niños, niñas y adolescentes con cáncer, en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Y abarca a los servicios de transporte interjurisdiccional de larga distancia.
El texto oficial, no obstante –con cinismo o dejadez, sin duda-, señala que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, y que este se encuentra “plenamente vigente y exigible”. El pequeño gran detalle es que el gobierno nacional les quitó a las empresas el apoyo de recursos, para que puedan cumplir con la gratuidad.
En este contexto, la comunicación del Foro explicó que “las empresas deberán continuar otorgando pasajes gratuitos, aunque ya no recibirán compensaciones económicas del Estado por dichos servicios”. Y se encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) garantizar la emisión de los pasajes gratuitos por las empresas.
Preocupación
La normativa, explica además la comunicación del Foro de la Discapacidad, también se fundamenta en el esquema desregulatorio impulsado tras el Decreto 883/2024. Esta normativa habilita a las empresas transportistas a determinar libremente recorridos, horarios, precios y modalidades de los servicios.
De hecho, en la zona norte son bien conocidos los perjuicios de tal medida desregulatoria del gobierno. Por ejemplo, una línea como la 60 (grupo DOTA) –que actualmente es una de las que peor servicio presta en la región- disminuyó sus frecuencias hacia San Fernando, Tigre y otros municipios al norte, e incorporó una terminal en San Isidro.
Respecto a la eliminación de compensaciones, desde el Foro manifestaron la “preocupación ante una nueva medida que, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, puede traducirse en mayores obstáculos para el acceso efectivo al derecho al transporte de las personas con discapacidad”.
Para el Foro la eliminación «genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos. Y se suma a otras decisiones que vienen afectando al colectivo, como el atraso arancelario, el recorte de políticas públicas y el permanente hostigamiento hacia las personas con discapacidad y las instituciones del sector«.
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