La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura envió una nota al ministerio de Justicia bonaerense y a la Suprema Corte bonaerense para solicitar medidas urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas detenidas. La CPM propuso, para estos grupos verdaderamente vulnerables, morigeraciones y arrestos domiciliarios, conmutación de penas por el Poder Ejecutivo, y para los que quedan adentro la urgente distribución de elementos de prevención, comida y medicamentos, y la habilitación del uso de telefonía celular.
En una nota al ministerio de Justicia bonaerense, la CPM solicita no sólo que se compren los insumos necesarios -jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza- sino que «se controle debidamente su distribución».
El sistema de encierro bonaerense no necesitaba al coronavirus para hacer visible por enésima vez que las cáceles en los hechos son lugares de castigo y tortura. Con el COVID-19 ese depósito de humanos en conflicto con la ley se ha transformado en un foco de muerte para los internos, que estaban aislados antes de la cuarentena preventiva social, pero en las peores condiciones imaginables para nadie, bajo la justificación de que cometieron delitos.
Videos, mensajes de Whatsapp que se filtran del infierno, dan cuenta de lo que se sabía, y cualquier autoridad gubernamental sabe, y por definición no se arregla. Si, como se dice ahora, el coronavirus no tiene ideología, el tratamiento a los presos tampoco la tiene, y menos cuando las instituciones que deben encargarse de que funcionen son las que peor funcionan ellas mismas y menos le sirven a la sociedad, la Justicia, para expresarlo de un plumazo.
«Desde hace dos décadas y con mayor crudeza desde hace cinco años, las políticas penitenciarias de los gobiernos provinciales y la inacción de la justicia condenaron al sistema de encierro bonaerense a una crisis humanitaria sin precedentes que se profundiza cada día« describe en presente la Comisión Provincial por la Memoria -un organismo autónomo e intachable-; y cualquier periodista experimentado puede certificar que de antes también.
«Ni el personal penitenciario está tomando los recaudos elementales como uso de barbijos y guantes y control de temperatura al ingreso», denunció la Comisión Provincial por la Memoria
En este sentido la CPM, en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, envió días atrás una nota al ministro de Justicia, Julio Alak, donde expresó su preocupación y solicita que se adopten medidas urgentes, y excepcionales si se quiere, para contener esta emergencia; «medidas orientadas fundamentalmente a descomprimir la situación de sobrepoblación y hacinamiento, haciendo uso de todas las potestades del poder ejecutivo«.
«En la 42 de Varela dicen que hubo represión. Hay un video circulando. Saben algo?» dice un mensaje de Whatsapp del 24-3, de una de las redes de familiares que existen. La CPM -que no hay que cansarse de decirlo, es intachable- hasta ahora descarta que haya casos confirmados, pero a la vez reconoce que la situación compleja en tiempo normales, con la amenaza del COVID-19 se potencia, y «se deben tomar medidas para proteger a los internos».
Supervivencia
«La condición de mi compañera, ella tiene efisema pulmonar, y pidió la condicional el 3 de marzo, está en la unidad 40 de Lomas, donde está ella fueron todas trasladadas pero a ella no le dan nada» dice un mensaje de otro grupo sobre una interna que debería estar protegida. La CPM también pide «contemplar la conmutación de penas y otras medidas para mejorar la supervivencia en las cárceles y evitar la expansión de la pandemia«.
En otra nota que la CPM envió, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, a la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCJB), le manifestó la “imperiosa necesidad” de tomar medidas generales urgentes para la población carcelaria en relación al avance del coronavirus
Para la CPM: «El hacinamiento extremo en condiciones infrahumanas es uno de los principales problemas, toda vez que impide la implementación de las medidas de higiene básicas y distanciamiento social conforme lo recomendado desde el punto de vista sanitario«. La entidad de derechos humanos que coordina, Roberto Cipriano García, también denuncia que «tampoco llegan los suministros básicos», algo que constataron al relevar ellos mismos las unidades.
En la nota la CPM solicita no sólo que se compren los insumos necesarios -jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza- sino que «se controle debidamente su distribución». Además revela que «Ni el personal penitenciario está tomando los recaudos elementales como uso de barbijos y guantes y control de temperatura al ingreso». Y exhorta a que «es urgente atender la cuestión alimentaria garantizando la provisión suficiente y a tiempo en cada unidad».
Sobre esto último la CPM señala que por la pandemia se han restringido las visitas familiares, y estas siempre llevan provisiones. Otra vía que los familiares por ahora ven ineficaz es el envío de encomiendas pues no siempre llegan a los internos. El organismo reconoce que «en los últimos meses la Corte bonaerense se ha manifestado en varias oportunidades reconociendo la crisis humanitaria que atraviesa el sistema de encierro«, pero pide acciones.
La CPM expresa con todas las letras que la crisis sanitaria es grave y es la Corte bonaerense es la que debe encabezar y ver que las medidas se cumplan.
En otra nota que la CPM envió, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, a la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCJB), le manifestó la “imperiosa necesidad” de tomar medidas generales urgentes para la población carcelaria en relación al avance del coronavirus; y han solicitado también la creación de un comité de crisis que coordine la actividad en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público.
La CPM expresa con todas las letras que la crisis sanitaria es grave y es la Corte la que debe encabezar y ver que las medidas se cumplan. También da cuenta del impacto severo que afecta «a las personas detenidas y por ende a sus familias», e insta «a todos los poderes del Estado a trabajar de manera articulada, urgente y efectiva para generar condiciones que permitan contener el avance del virus garantizando la integridad de las personas».
GC
Dejar una respuesta