El jueves último la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte (CMVJZN) acompañó la conferencia de prensa de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y políticas, y legisladores nacionales, organizaron en la Cámara baja. Estuvieron, entre muchos otros Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Vera Jarach y Taty Almeida, de madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y el abogado de derechos humanos, Pablo Llonto. Los organismos caracterizaron como “prácticas antidemocráticas autoritarias y represivas”, los avances de Morales contra pueblos originarios, opositores políticos y la universidad pública.
En una conferencia de prensa, el jueves último, organismos de derechos humanos; organizaciones sociales, políticas y sindicales; y legisladores, denunciaron y exigieron la libertad de apresados por oponerse a la reforma constitucional de la gestión Morales. Y cese de represión contra referentes populares de la protesta, y abogados que defienden derechos.
El desenfreno de la administración Morales contra los opositores se puede ver en tres situaciones límite. Se encarceló a abogados que defienden a luchadores sociales. La policía dispara balas de goma en ojos y la cara. Y violó la autonomía universitaria en la Un Universidad Nacional de Jujuy, donde Morales dice que “se esconden” opositores políticos.
Piden que se los escuche
El cinismo del actual gobernador es mayor. Pour la galerie “pidió” sanciones a los policías que violaron la autonomía, en la Universidad Nacional de Jujuy. Pero hace poco había amenazado con expropiar la sede de la UBA, en Tilcara so pretexto de que “esconde” opositores. Lo cual sumó otro repudió más de los que se dieron a conocer a nivel nacional e internacional.
Los organismos pidieron que sean escuchados quienes denuncian que no lo fueron en la reforma constitucional parcial que llevó a cabo el gobierno, con la complicidad de fuerzas peronistas jujeñas (el PJ ya ordenó la intervención del partido). Y también que tengan voz los pueblos originarios. Además, convocaron a una marcha el próximo 20 de julio.
El 20 de julio de 1976, durante la última dictadura cívico militar, tras un corte del suministro eléctrico (apagón) en la localidad de Libertador General San Martín, de Jujuy, hubo secuestros (muchos de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma) de opositores al régimen; de hecho, muchas víctimas eran delegados y delegadas sindicales del ingenio.
Frenar el disparate
Los organismos convocaron ampliamente a esa marcha que tendrá lugar en Jujuy, desde ya, pero también en todo el país. Y también se pidió que el gobierno nacional esté presente en Jujuy en esa jornada. “Hay que frenar el disparate que se está produciendo en Jujuy, incluso con víctimas”, señaló la referente de la CMVJZN, Adriana Taboada.
“Es imperioso que el poder político democrático, que el Estado a través del Ejecutivo esté presente en Jujuy” explicó la psicóloga Taboada. Y relató la impresión que causó la presencia, en la conferencia de prensa, de Lian Misael Lamas, el jovencito de 17 años jujeño que perdió un ojo, por la represión de la policía con disparos de balas de goma a la cara, en Purmamarca.
“Es muy importante -enfatizó Taboada- que todos estemos atentos, alertas. Y sumemos a cada iniciativa que se produzca. Hay que retroceder la reforma irregular de la Constitución jujeña. Y defender los recursos naturales de Jujuy. Tenemos que sumarnos a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y decirle basta a la persecución”.
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