Con preocupación por el caso de Facundo Astudillo Castro; y con ausencia de Berni; la Comisión Provincial por la Memoria le entregó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el análisis un balance de las políticas de seguridad, penitenciarias, niñez y salud mental desarrolladas durante la gestión Vidal (Cambiemos). Participaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la socióloga feminista, Dora Barrancos, actuales presidentes/as del organismo de derechos humanos bonaerense.
Una delegación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); encabezada por sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos; se reunió ayer con gobernador Axel Kicillof. La CPM le entregó su Informe Anual 2020. Allí se realiza un balance de las políticas de seguridad, penitenciarias, niñez y salud mental desarrolladas durante los últimos cuatro años por la gestión Cambiemos.
Desde la CPM, adelantaron en una comunicación, que la gestión analizada, encabezada por María Eugenia Vidal, tuvo un “impacto regresivo” en la materia; y dejó “a la provincia una grave crisis humanitaria”. La ausencia que más se notó fue la del actual ministro de Seguridad, Sergio Berni. Por estos días Berni denostó, en medios de comunicación nacionales, a los organismos de derechos humanos.
Fue el primer encuentro desde que se inició la gestión Kicillof-Magario en la provincia. La CPM también transmitió la preocupación por lo que caracterizó la “asonada policial”, de la semana última, sobre la cual evaluó que: “se constituyó en un hecho gravísimo que pretendió condicionar a la actual gestión”. Para la CPM es necesario “democratizar la policía y fortalecer los controles sobre su accionar».
Facundo Astudillo Castro
La CPM, en esta línea ofreció a la gobernación “toda” la “colaboración y la experiencia acumulada en sus 20 años de trabajo; para aportar al diseño, abordaje y seguimiento de las políticas públicas” sobre derechos humanos. La CPM enfatizó puntualmente “la necesidad de encarar reformas urgentes en el ámbito de la policía bonaerense, la niñez, la justicia y el servicio penitenciario”.
Por la CPM, informó la comunicación institucional, participaron además su vicepresidente Víctor De Gennaro, el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García; Yamila Zavala Rodríguez; y la directora general, Sandra Raggio. Con Kicillof fueron las/os ministros de Justicia y Derechos Humanos (DDHH), Julio Alak; de Gobierno, Teresa García; y el subsecretario de DD HH, Matías Moreno.
La CPM, además, solicitó que la salud penitenciaria deje de depender del ministerio de Justicia para pasar al ministerio de Salud. Sobre el tema sanitario el organismo destacó la política de salud provincial; al considerar que “permitió garantizar el incremento de camas de terapia intensiva para que el sistema público atienda la gravedad actual de la pandemia de Covid-19”.
Durante la reunión, la CPM también manifestó su preocupación por la causa sobre la desaparición forzada y muerte de Facundo Astudillo Castro. El organismo, que interviene como querella institucional, le pidió a Kicillof “que el Estado provincial extreme las medidas para garantizar una investigación rápida, eficaz y transparente; y brindar un acompañamiento a su familia”.
Materias pendientes
Otro tema planteado, informó la CPM; fue la toma de tierras; que aunque no es nuevo, pasó por la agenda mediática recientemente por algunas tomas puntales. Al respecto, la CPM mostró su “preocupación” por el abordaje con preponderancia policial. Para la entidad “profundiza aún más el estado de vulneración e indefensión que padecen las personas que tienen obturado el acceso a la vivienda.
La CPM, asimismo, fue muy crítica del sistema de promoción y protección de derechos para niñas, niños y adolescentes. Igual del desempeño general del Poder Judicial. Sobre niñez recordó que es materia pendiente desde la sanción de la ley (L. 26.061) en 2005; por caso los consejos municipales de Niñez, Adolescencia y Familia que marca la ley han ido creándose en las comunas a cuentagotas.
El organismo describió responsabilidades y acciones que agravan la sobrepoblación y hacinamiento de cárceles y comisarías; y la ausencia de investigaciones de casos de torturas. Particularmente pidió el apartamiento del Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, ex agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la última dictadura, imputado y en juicio por crímenes de lesa humanidad; así y todo en funciones.
Desde la CPM evaluaron como “muy importante” el encuentro. Según el organismo, coincidieron en «comenzar a trazar» una agenda común en derechos humanos. Para la CPM “imperiosamente” urgen políticas de Estado en la materia; así como su instrumentación para “poder revertir la grave situación de vulneración” que sufre una parte sustancial de ciudadanos/as bonaerenses.
Gustavo Camps
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