El ministerio de Economía de la Nación vendió, mediante licitación pública, el 90% del paquete accionario de AySA. Se lo adjudicó a un aportante de la campaña 2025 de La Libertad Avanza -que llegó al gobierno por ballotage en 2023, con una alianza con del partido Pro-. El defensor Adjunto General, en su sitio web personal, reveló que el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones, ganó la compulsa de precios, con una oferta “muy por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía”.
Nota original: https://waltermartello.com.ar/aysa-ya-tiene-precio-pero-los-usuarios-todavia-no-sabemos-que-se-vendio/
En junio último, la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, alertó que el diseño de la privatización de AySA, por el gobierno nacional, “tendía, en un análisis preliminar, a reducir exigencias regulatorias y diferir compromisos previamente asumidos”. Y realizó una presentación judicial para proteger los intereses de los usuarios bonaerenses.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría. Entonces, en un fallo de carácter excepcional, informó la entidad bonaerense, se frenó “cualquier intento de recortar inversiones, postergar obras críticas o flexibilizar los controles de calidad del agua”.
Tras la medida cautelar, evaluó la defensoría los clientes de AySA de 26 municipios bonaerenses que reciben el servicio “mantendrán plenamente resguardadas las garantías sobre el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental”. Pues la empresa no podrá “reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura”.
La licitación
En ese contexto, el Defensor Adjunto General de la Defensoría, Walter Martello, anunció en su sitio personal que hoy jueves 8 “se abrieron las ofertas por el 90% de AySA. Ganó el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones”. Y evaluó que “la oferta quedó muy por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía”.
Martello reveló que, antes de que se conocieran esos valores, desde la Defensoría intentaron conocer el valor de AySA “y cuál era su pasivo ambiental”. Y fue categórico. “No pudimos” reveló. Pues “La valuación nunca fue pública y el Data Room (la plataforma con información técnica financiera y demás) quedó reservado a los oferentes privados”.
El defensor Adjunto informó que “por eso fuimos a la justicia federal con un amparo colectivo. Y un pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275)”. También reveló que esos datos todavía no llegaron a los usuarios. Pero, además, planteó otras situaciones que verdaderamente tiñen de sospechas la adjudicación de la gestión Milei.
Aportantes de campaña
El más elocuente es que “Rowing integra el holding Equo Capital, y dos empresas de ese mismo holding, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones, cada, una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, según los registros de la Cámara Nacional Electoral”. Como se sabe, ese partido llevó a Milei al poder, tras un ballotage en alianza con el Pro, en 2023.
Por otro lado, informó Martello, asimismo, “Según información del ERAS, el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que le daría un flujo de caja extra de US$93 millones por año”. Y aseveró: “Es decir: quien compra ya sabe qué ingresos extra vienen, y quien paga la factura todavía no sabe cuánto pagará”.
El ERAS es justamente, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Tras la información, entonces Martello volvió a reclamar, desde el lado de los usuarios y no de la firma oferente, -que se advierte con buena sintonia gubernamental- : “Pedimos transparencia antes de la firma: la valuación, el pasivo ambiental y el esquema tarifario que se aplicará”.
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