La Comisión Nacional de Justicia y Paz emitió un comunicado en el que solicita a los candidatos a ocupar los poderes Ejecutivo y Legislativo, un compromiso con las políticas de lucha contra la Trata de Personas, informó la agencia caztólicaz de noticias AICA. Mediante su equipo “No a la Trata” convocó a los candidatos a ocupar la presidencia de la Nación y el Congreso Nacional, a partir del 10 de diciembre de 2019, a «asumir el compromiso de fortalecer las políticas de lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación laboral, sexual, de extracción de órganos y cualquier forma moderna de esclavitud que atente contra la voluntad y libertad del ser humano».
Encuentro Latinoamericano sobre Nuevas Esclavitudes y Trata de Personas “Juntos contra la Trata de Personas” (Foto Comisión Justicia y Paz)
La agencia católica de noticias AICA difundió un pedido de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Iglesia, para «Reglamentar los artículos pendientes de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y sus modificatorias. Fortalecer los programas de asistencia a las víctimas. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a estas políticas. Sostener la posición abolicionista de esta política de Estado; e articular con otros países el combate a las organizaciones criminales transnacionales«.
En esa línea, informó AICA, pidieron: «Reglamentar los artículos pendientes de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y sus modificatorias. Que se adecuen y precisen las acciones que deben seguir cada Ministerio y Organismo Público para hacer efectivos los derechos de denuncia, protección, cuidado, representación, inserción o reinserción en el sistema educativo, laboral y de salud, así como toda aquella acción que promueva un trato que evite la revictimización y fortalezca la asistencia a las víctimas. Entendemos la reglamentación como un paso necesario para dar cumplimiento a la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
También «fortalecer los programas de asistencia a las víctimas. Se jerarquicen las áreas asignadas a los objetivos de asistencia, acompañamiento y protección de las víctimas, haciendo foco en la asistencia psicológica, médica, de alojamiento, manutención, capacitación y búsqueda de empleo, como así también el asesoramiento jurídico-legal integral, con el objetivo de la reparación de los derechos vulnerados«.
Encuentro de reflexión y espiritualidad para políticos y funcionarios (Foto Comisión Justicia y Paz)
Así como «incrementar las partidas presupuestarias destinadas a estas políticas. Que se incrementen las partidas presupuestarias asignadas al comité ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; a la coordinación de investigaciones contra la trata de personas y delitos contra la integridad sexual, del Ministerio de Seguridad; a la coordinación del programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal y a toda otra repartición del Estado cuyo objetivo sea la lucha contra la trata de personas y la asistencia a sus víctimas«.
El pedido que difundió AICA, la agencia católica de noticias, también pidio «sostener la posición abolicionista de esta política de Estado. Que se fortalezca la posición abolicionista que ha adoptado históricamente el Estado Argentino y que se efectúen campañas de concientización para erradicar toda forma de explotación y violencia sobre el cuerpo de las mujeres y poblaciones vulnerables«.
Asi como, «articular con otros países el combate a las organizaciones criminales transnacionales. Que se respete el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, incluyendo niñas ,niños y adolescentes, fomentando la cooperación y la coordinación de acciones regionales e internacionales entre los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de este delito, estableciendo criterios y pautas de acción comunes para la identificación de situaciones de vulneración y para la prevención, detección, recepción y asistencia a las víctimas, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca entre los Estados«.+
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