Hacinamiento, muertes por represión, COVID-19, desinformación, hacen de las cárceles un lugar clave para atender en estos momentos de pandemia ¿Comprenden hacia donde deben ir, los funcionarios que están a cargo de esos lugares? Una experta en comunicación que conoce a fondo el tema carcelario; la organización FADELI, de familiares de personas privadas de libertad y la Comisión Provincial por la Memoria, un reconocido organismos de derechos humanos, aportan sus visiones lejos de la morbosidad, el miedo y las operaciones para beneficiarse con el mal de otros.
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«La situación volvió a la normalidad luego de la conformación de una mesa de mediación entre las autoridades judiciales, penitenciarias y de la Comisión Provincial por la Memoria con referentes de los distintos pabellones« indica un cable de agencia sobre el desplazamiento de la cúpula de la cárcel de Florencio Varela, tras el asesinato del preso, Federico Rey. La verdad es que hablar de «normalidad» es exagerado sin duda, en materia carcelaria.
El hacinamiento en el que viven las y los encarcelados, para empezar, no es para nada normal. La experta en comunicación social, Azucena Racosta, que ha dedicado gran parte de su vida académica al encierro, en principio aporta dos números: el cupo para las cárceles bonaerense es de 24.500 encarcelados, sin embargo, el último gobierno dejó 52.000 personas privadas de libertad, más del doble de las que la infraestructura puede soportar.
Con ella coincidió, Pablo Palmisano, un preso que forma parte del proyecto CUD, Centro Universitario de Devoto, en la cárcel homónima. «El Servicio Penitenciario Federal, como medida de prevención para que no nos agarremos la COVID-19 pegó un par de afiches diciéndonos las medidas y la proximidad que debíamos tener entre nosotros, algo imposible porque en el pabellón somos 80 personas y no podemos vivir a más de medio metro entre cada uno».
Racosta: «Hubo una muerte en la Unidad 23 de Florencio Varela (la de Rey) y más de 30 heridos, pero en las cárceles hoy hay personas en pánico por la COVID-19»
Otra cuestión que no pasa inadvertida en la discusión pública sobre el encierro, en estos días, es el rol de las corporaciones mediáticas, que por su necesidad de clientes en la pantalla, o directamente porque cobran bien por armar operaciones de prensa, exacerban el miedo y la morbosidad, al reducir el tema a una mera cuestión de blanco o negro -prisión domiciliaria o cárcel- como si fuera una cuestión de comprar bebidas sin alcohol con o sin gas.
Para justificar la represión, por ejemplo, desde varios canales televisivos fogoneaban que en las cárceles había «motines», intentos de rebelión contra la autoridad, cuando los propios encarcelados explicaban que protestaban para que haya medidas contra el coronavirus. «Hay que sacar un comunicado aclarando y diferenciando qué es un motín, sobre todo cómo bajan línea los medios de comunicación y la gente compra eso», sugería uno de los reclusos.
¿Quién timonea?
Hacinamiento, muertes por represión, COVID-19, desinformación, tampoco hablan de normalidad. En este contexto salta la pregunta ¿Qué hace quien está a cargo para timonear en esta tormenta? ¿Por qué hay alguien no? Entre los que nombraron los consultados hay al menos tres instancias que pueden tomar decisiones: el jefe del Servicio Penitenciario, en las cárceles; el Poder Judicial sobre las penas y el Poder Ejecutivo, por excepción, con indultos.
Jóvenes presos reprimidos por el SPB
Hoy miércoles mismo, el presidente Fernández tuvo que salir a aclarar que es reacio a los indultos, por las campañas mediáticas que casi lo dibujaban con una llave en mano abriendo cárceles. El Presidente lo resumió en un twitts: «En la Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones«.
En la provincia, el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es Xavier Areses, edil mandato cumplido de San Martín por Unión-PRO , y ex candidato a intendente por el macrismo; un abogado que tuvo cargos en la Justicia y el Ejecutivo bonaerense, en el anterior gobierno, durante el cual asumió la jefatura del SPB en 2018 y lo mantiene actualmente; el último conflicto que había piloteado fue una huelga de hambre de presos, por falta de alimentación.
Desde la organización civil FADELI Familiares de Detenidos y Liberados, de la RED de Familiares Contra la Tortura y otras Violencias Estatales que coordina la Comisión Provincial por la Memoria, el responsable institucional y jurídico de la muerte y el conflicto en torno a la COVID-19 no es otro que Areses, cuyo espacio político avaló la mano dura policial, la baja en la edad de imputabilidad de menores, los encarcelamientos masivos, y actualmente la represión.
Presidente Fernández: «En la Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones (…)»
Para el sociólogo, Gustavo Segovia, referente de FADELI, «cuando hay muertes y represión es responsabilidad del Estado. Es hora de la política y de que se hagan cargo, los que gobiernan, de lo que pasa en las cárceles y de los funcionarios que nombraron para estar ahí. Si la prioridad es salvar vidas, entonces que el SPB, que dirige Areses, no fusile con balas de plomo, no torture detenidos y controle la pandemia con medidas sanitarias y de higiene».
Salud pública
Segovia y Racosta coinciden en que resulta llamativo que se mantenga en el cargo del SPB a Areses, que venía de un gobierno con una línea en derechos humanos muy distinta a la actual. El anterior presidente, Mauricio Macri llegó a hablar del «curro de los derechos humanos». Así para Racosta «llama la atención que la nueva línea política promociona los derechos humanos, pero en el SPB sigue alguien de un espacio que claramente no tenía esa línea«.
«Las graves violaciones a los derechos humanos -explica Racosta no obstante– desde hace muchos años tienen diferentes manifestaciones en las cárceles; en los ´90 eran golpes y la rotura de huesos, luego desde el SPB se urdía la violencia entre pares, como si la tercerizaran a la violencia. En la actualidad las violaciones a los derechos humanos son de público conocimiento, no se esconden, mataron a ese chico con balas de plomo a plena luz del día»
La Res. 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, sobre las personas privadas de libertad
Para Racosta la superpoblación, en el contexto de la pandemia, no es solo un problema para los encarcelados. «Hubo una muerte en la Unidad 23 de Florencio Varela (la de Rey) y más de 30 heridos, pero en las cárceles hoy hay personas en pánico por la COVID-19. Y se habla de casos en Devoto. Si la COVID-19 entra a las cárceles, esas personas van a salir a ocupar las camas de los hospitales afuera, ese también es un problema» advierte.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, señalan que el aumento de la tasa de personas en prisión no es una buena política de seguridad, pero advierten que esa fue la estrategia que, desde hace 20 años, han seguido los distintos gobiernos, y esto, obviamente, «llevó al colapso del sistema de encierro. El Poder Judicial es parte del problema, pues demora juicios, sentencias y resoluciones«
Segovia (Fadeli): «Si la prioridad es salvar vidas, entonces que el SPB, que dirige Xavier Areses, no fusile con balas de plomo, no torture detenidos y controle la pandemia con medidas sanitarias y de higiene»
En la provincia de Buenos Aires, revela la CPM; la mitad de las personas encarceladas está con prisión preventiva, es decir aún no condenadas por el delito que les imputan, y muchos permanecen así por años. Varias de estas causas son «armadas» por la policía, que no investiga, pero además «regula» el delito con estas prácticas. En las cárceles la atención de salud es inexistente o desastrosa, se muere de tuberculosis, VIH y neumonías, evalúa.
Desde la la CPM coinciden con Racosta: «Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es cuestión de salud pública e involucra a toda la sociedad. Aun los que desprecian la vida de las personas privadas de libertad, por “delincuentes indeseables” y declaman su muerte, deben comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud afuera y no tendrán capacidad para atender, a ellos ni a nadie«.
Gustavo Camps
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