El Foro Permanente de la Discapacidad anunció que las personas con discapacidad vuelven el miércoles 21 a la plaza del Congreso para reclamar que se cumpla y se prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las personas, sus familias, Familias, las y los profesionales que asisten que los asisten, educadores, transportistas y demás, estuvieron el miércoles último cuando el oficialismo no dio quorum para tratar la prórroga. También rechazan el proyecto de la gestión Milei que, por supuesto, recorta derechos y “no constituye una mejora”, para las personas con discapacidad sino todo lo contrario.
Por falta de quorum oficialista y de aliados, el miércoles último la Cámara de Diputados no trato la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una base de derechos que reclamas el sector para que a partir de allí se mejoren sus condiciones de vida, algo amenazado por las políticas de ajuste del gobierno que encabeza la gestión Milei.
Este miércoles 21, la Cámara de Diputados volverá a sesionar por el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre otros temas caídos hace una semana. Entre ellos la derogación definitiva y de una vez por todas del cuestionado DNU 70/2023, rechazado ya por el Senado nacional y a la espera de lo propio en Diputados.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocaron, entonces, a movilizar al Congreso de la Nación este miércoles 21, a las 11. Y en una comunicación resumieron el rechazo a varios artículos del proyecto oficialista que atenta contra el sector, golpeado por las políticas del gobierno.
No al proyecto oficialista
Desde el Foro expresaron el rechazo –que ya tiene dictamen oficialista de mayoría- formalmente “ya que no constituye una mejora respecto de la Ley 27.793. Y contiene disposiciones que podrían implicar retrocesos en derechos, prestaciones y condiciones de sostenibilidad del sistema”, explicaron claramente en una comunicación.
El Foro es la entidad más representativa del sector de la discapacidad, las personas y sus familias. Por eso es muy importante escuchar cuando señalan que “El piso de cualquier modificación debe ser el respeto de los derechos garantizados por la Ley 27.793 (…)”. Así incluso lo explicaba hace una semana el titular del Foro, el padre Pablo Molero.
De hecho, desde el Foro, a modo de resumen pasaron revista por el nocivo proyecto oficialista. Y señalan que en artículo 4, por ejemplo, debe “incorporarse expresamente la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores del sistema instituido por la Ley 24.901, en los términos del artículo 12 de la Ley 27.793”
“El dictamen –oficialista de la gestión Milei- no reproduce esta garantía, fundamental para reconocer la importancia social de las prestaciones y la continuidad de los servicios”, evaluaron. Sobre los artículos 5 y 6 “los requisitos para acceder a las pensiones deben estar establecidos por ley”, advirtió el Foro, no debe ser facultad de ninguna burocracia.
Es necesario –asimismo reclaman- ratificar la vigencia del artículo 9° de la Ley 13.478, en la redacción establecida por el artículo 5° de la Ley 27.793. Es decir, no se debe relacionar con la situación laboral, la condición de las personas con discapacidad para obtener pensiones o derechos. Y el Congreso por ley debe disponerlo así.
Actualización automática del Presupuesto
Sobre el art.7 el Foro sostiene que se debe “garantizar el presupuesto necesario y su actualización automática. El crédito presupuestario debe cubrir, como mínimo, la actualización arancelaria, las compensaciones pendientes, los valores y las diferencias que resulten de la incorporación del artículo 15 bis, y la cobertura de salud”.
Asimismo, “debe establecerse una actualización automática trimestral conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), para evitar que la inflación vuelva a deteriorar los recursos destinados al sistema”. La semana última, por ejemplo, desde el sector transporte denunciaban que hay desfases de la gestión Milei, que vienen desde 2023.
Del art. 10 desde el Foro de la Discapacidad señalan que debe “garantizar la continuidad de todas las prestaciones de la Ley 24.901. La Ley 27.793 garantiza las prestaciones contempladas en la Ley 24.901. El dictamen remite a la cobertura de un programa que puede ser modificado o sustituido por resolución ministerial”.
Y evalúan “Es indispensable asegurar/reconocer que Incluir Salud tenga las prestaciones propias de la Ley 24.901”. Por otra parte, sobre el art. 15 sostienen que “cobrar las compensaciones no debe implicar renunciar a reclamos. La recepción de pagos parciales o montos determinados por la Administración no debe considerarse renuncia a derechos”.
Los prestadores tienen que poder reclamar las diferencias adeudadas. “Es necesario garantizar expresamente la posibilidad de continuar con esos reclamos hasta su resolución”, expresaron desde el Foro. También reclama que las actualizaciones –como ya hizo el gobierno- no se realicen sin reconocer atrasos anteriores.
Reconocer atrasos
En este sentido sobre el artículo 15 bis (nuevo) reclaman: “reconocer la actualización arancelaria pendiente desde el 1 de enero de 2025. Debe contemplarse el atraso del 30,67% que el mismo Gobierno Nacional reconoció para la compensación. Y establecerse un mecanismo claro para determinar y abonar las diferencias correspondientes”.
Hacia el final, el Foro, sobre el art. 17, del proyecto oficialista advierte “no habilitar derogaciones que afecten derechos vigentes. La disposición que establece “Derógase toda norma que se oponga a la presente”, y la vigencia inmediata del proyecto, genera preocupación por su afectación a la Ley 27.793 antes del vencimiento de la emergencia”.
El Foro es muy claro: “Debe garantizarse que las modificaciones propuestas no impliquen la pérdida de derechos, prestaciones ni garantías reconocidas por la normativa vigente”. Y la gestión Milei ha demostrado que busca sacarse de encima la Ley de Emergencia en Discapacidad, para no cumplirla. Por ahora solo la cumple en parte.
El gobierno debe respetar la Ley, tiene esa obligación y no cumple. Desde el Foro señalan: “La emergencia en discapacidad continúa”. Y exige: “la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad con pleno respeto de los derechos conquistados, previsibilidad para los prestadores y garantías efectivas para las personas con discapacidad y sus familias”.
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