Roberto Cipriano García, director general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) explicó que los municipios tienen un rol fundamental en la prevención de la violencia institucional, primero mediante la promoción de la participación ciudadana a través del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y luego con el cumplimiento de normas que le dan potestad para crear estructuras, consejos y comités de seguridad.
“La primera obligación que tiene un municipio, como entidad básica esencial del territorio, es no ser indiferente ante una violación de los derechos humanos” dice Roberto Cipriano García, experto de la CPM al analizar el rol y las herramientas que tienen las comunas ante el accionar non sancto de las fuerzas de seguridad dentro de sus jurisdicciones.
La Comisión Provincial por la Memoria, la Comisión Memoria Verdad y Justicia, las “casas de jóvenes” de parroquias y otras ong´s juveniles no se cansan de denunciar, por ejemplo, los aprietes de la policía a los jóvenes “por portación de gorrita” o “de cara” para que se queden en los barrios y no vayan a los centros comerciales.
En rigor, el director general de la CPM estuvo en el Parque Yrigoyen para coordinar una capacitación, organizada por la Red de Familiares de Víctimas de Violencia Institucional, y allí surgió el interrogante sobre el rol de las municipalidades ante la violación de derechos, teniendo en cuenta que la seguridad es jurisdicción provincial, no municipal.
En San Martín el municipio tiene una Subsecretaría municipal de derechos humanos (la encabeza, Mercedes Contreras), y forma parte de un Observatorio contra la Violencia Institucional junto a la Comisión Memoria Verdad y Justicia local, la Defensoría del Pueblo bonaerense el Ministerio Público Fiscal y la CPM, entre otras entidades.
Pero no es lo común. “Muchas veces está la tendencia a creer, frente a las violencias de la policía o de las fuerzas de seguridad, que el municipio no tiene nada que ver porque la seguridad es responsabilidad de Provincia, y esto es un error” explicó García “más allá de que desde lo estrictamente legal el responsable sea el Estado provincial”
“El municipio –reafirmó el referente de la CPM- es también responsable, como organismo estatal, de que se cumpla con el derecho de todos y todas. Entonces, las violaciones a los derechos humanos que acontecen en un territorio también implican responsabilidad de funcionarios municipales y concejales”.
García puso de relieve, además, que “en los últimos años la aparición de policías municipales o locales, los “pitufos” como se los conoce popularmente, genera cierta responsabilidad municipal en la organización, diseño y control de esa fuerza, y se crean instancias formales, institucionales, para controlarla y trabajar con esas fuerzas”.
“Lo importante –destacó el experto- es que el municipio asuma que no puede ser indiferente a esto”. Más teniendo en cuenta que “muchas veces los municipios demandan más fuerzas de seguridad porque tienen un problema social con el delito y vienen las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura”.
García hizo hincapié en que “sobre todo lo que pasa en el municipio, y afecta su territorio, la municipalidad deberá hacer algo para que mejoren las condiciones de intervención de las fuerzas de seguridad” aunque la dependencia funcional de esa fuerza esté a cargo de un funcionario provincial o nacional.
La bonaerense
García explicó también que “el problema que tenemos con la policía provincial es que funciona en el territorio entrelazada con el delito, regula el delito, y también comete delitos para regularlo. Muchas veces están involucradas las fuerzas de seguridad en el narcotráfico. Y este entramado es muy difícil de despejar”.
Y señaló que, muchas veces, la información de todo esto, por distintos canales, llega al municipio. “Entonces es necesario un rol activo del municipio. no decir ‘no puedo hacer nada, el comisario no me da bolilla, no depende de mi’ sino asumir que sí se puede hacer desde la organización de lo comunitario: fortalecer las organizaciones”.
El especialista de la CPM aseguró, por la experiencia, que las organizaciones fortalecidas por el municipio –organizaciones de familiares, activistas de derechos humanos, observatorios, redes de prevención y denuncia de violencia institucional- son capaces de producir respuestas adecuadas ante las violaciones.
“El pueblo y sus organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de familiares, la red, es una estrategia de respuesta frente a la violencia estatal. El municipio debiera apoyar fuertemente estas iniciativas”; asimismo, destacó el secretario de la Comisión Provincial, “hay estructuras concretas que se pueden poner en funcionamiento”.
El experto reveló que la propia Comisión tiene, a nivel provincial, un rol de control institucional que le otorgan las normas, más allá de quien gobierne. “La experiencia indica que cuando el municipio tiene políticas claras de protección de derechos y de inclusión la avanzada de pedir más seguridad retrocede” destacó.
“Nosotros promovemos mucho que los municipios organicen instancias institucionales, de control, que investiguen a las fuerzas de seguridad. La ley nacional 26827 crea el sistema de prevención de la tortura, y les da potestad para que los municipios también tengan sus instituciones, designados desde la sociedad civil”
García indicó que las comunas también pueden crear oficinas de derechos humanos, áreas para trabajar con ‘niñez’ y ‘juventud’. “Esto es una decisión política. El municipio puede elegir si los recursos los va a poner en políticas de promoción y protección de la niñez y en los sectores vulnerables, o en chalecos, patrulleros y cámaras”.
Gustavo Camps
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