Vecinos, organismos de derechos humanos de la región y feligreses recordarán hoy al padre Pancho Soares, en el 43 aniversario del asesinato que sufrió por su compromiso social, con una serie de actividades y una misa en la parroquia Nuestra Señora de Carupá, desde las 18,30. En esta nota Héctor Rodríguez, de la Comisión Barrios por Memoria Zona Norte, resume la historia del cura obrero. Rodríguez tiene en preparación un libro sobre víctimas de la dictadura que compila, ampliadas, historias que él viene difundiendo en las redes sociales con una prosa perspicaz, austera, conmovedora y certera.
Por Héctor Rodríguez*
Francisco Soares integra la larga lista de crímenes contra religiosos ocurridos durante la última dictadura (y un poco antes también). Lista que encabeza, a modo simbólico, Carlos Mugica junto a monseñor Enrique Angelelli, junto a los curas palotinos masacrados en San Patricio, y junto al franciscano Carlos Bustos; el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León y los curas Gazarri y Adur, entre muchos otros. Pancho Soares, como lo conocían todos, también abrazó sin miramientos la causa por los más pobres. A ellos les dedicó toda su vida.
Hoy se cumplen 43 años de su asesinato, perpetrado por la Triple A –mano de obra y socia imprescindible de la dictadura que ya asomaba sus narices–. El acto criminal ocurrió a metros de la capilla de la parroquia Nuestra Señora de Carupá, donde vivía el cura, una casilla de madera tan humilde como el resto del paisaje del barrio obrero tigrense, sostenido en la dignidad de sus habitantes. Esa madrugada atroz, la del 13 de febrero de 1976, lo balearon junto a su hermano discapacitado, de quien Soares cuidaba.
El diario La Nación, al día siguiente, informaba así: “Un grupo extremista mató ayer al sacerdote Francisco Soares, naturalizado argentino”. La manifiesta intencionalidad del matutino de la familia Mitre no se tomaba descanso en su mirada insidiosa, plagada de falsedades.
La capilla de Carupá –construida por las propias manos del sacerdote que había nacido en 1921 en San Pablo, Brasil– venía siendo vigilada por los servicios de Inteligencia sedientos de sangre y revancha, en especial de las escasas voces de la Iglesia que se alzaban para denunciar las atrocidades que regaban de cadáveres la zona. El padre Pancho ya había sido amenazado de muerte por denunciar abiertamente esas injusticias que ensombrecían la vida de cientos de trabajadores de toda la Zona Norte. En los archivos de la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense) su nombre aparece señalado desde dos años antes.
El padre Pancho
En las barriadas humildes de Tigre y de Escobar lo conocían como el “cura obrero”. Durante algún tiempo instaló un taller de zapatos (algunos lo bautizaron como el cura zapatero), luego se formó la Comunidad Juan XXIII en terrenos cedidos por un club de la zona; allí Soares insufló la idea de armar una fábrica de mosaicos. Pancho trabajó y al mismo tiempo evangelizó a los suyos. Como su sed de justicia no tenía descanso, defendió y apoyó sin ambages a cuanto delegado gremial de los astilleros navales fuera perseguido, de los tantos que hoy continúan desaparecidos, entre Astarsa y Mestrina.
Soares recaló en la zona Norte del conurbano en 1963. Primero, en San Fernando, en la Villa Adalgisa. Tres años más tarde era nombrado párroco de Nuestra Señora de Carupá, el lugar donde en el 76 lo velaron en un acto estremecedor y multitudinario. Toda una comunidad lo lloró, trasladando su féretro a pie por las calles de tierra del barrio, hasta el cementerio de Tigre. Vivió y murió como un auténtico revolucionario, con enorme austeridad, porque fue inclaudicable en su compromiso con los más pobres.
Por último, y por extraño que resulte, cabe destacar que desde fines de 2017 el obispado de San Isidro, por gestión de monseñor Oscar Ojea Quintana (hoy al frente del Episcopado y que tiene en su propia familia dos primos hermanos desaparecidos: Esteban e Ignacio Ojea Quintana, secuestrados en abril de 1976 y marzo de 1977), fue aceptado como querellante por aquel hecho criminal. El detalle no es menor: es la segunda vez que la Iglesia católica se presenta en tal condición reclamando ante la Justicia. Antes lo hizo por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, perpetrado en La Rioja.
HR.
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