Fueron condenados en la llamada Causa Contraofensiva 1. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra militantes montoneros exiliados que volvieron al país entre 1979 y 1980, para continuar acciones de resistencia a la dictadura con militantes que no se habían ido. La represión ilegal fue coordinada por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. “A partir de este fallo queda muy claro que el rol de las áreas de Inteligencia del Ejército en la represión ilegal no fue secundario sino que fue primordial”, evaluó el abogado, Pablo Llonto, representante legal de los querellantes de la causa.
El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín condenó ayer jueves a cinco ex militares de Inteligencia del Ejército Argentino; por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El TOF los encontró responsables por homicidios, privaciones ilegales de libertad, tormentos y sustracción de menores.
Un pormenorizado informe elaborado por la Comisión Causa Contraofensiva, compuesta por militantes de derechos humanos, familiares de víctimas, querellantes e interesados en obtener justicia, destacó que “por primera vez fueron condenados a prisión perpetua integrantes de áreas de Inteligencia de la última dictadura cívico-militar”.
La condena, asimismo, incluyó cárcel común para los reos. El informe detalla que durante el proceso judicial se realizaron 78 audiencias; y se escucharon los testimonios de más de 200 testigos. Las víctimas de los delitos fueron al menos 94. Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado esa pena de prisión perpetua.
Los servicios
El Batallón de Inteligencia 601 del Ejército ocupaba un edificio en la avenida Callao, esquina Viamonte, en la CABA. Fue uno de los ejecutores del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar; y también se involucró en actividades de exterminio de disidentes a las dictaduras en otros países de Latinoamérica.
En 1983, tras el retorno a la democracia, el presidente Raúl Alfonsín disolvió el organismo y cesanteó a muchos de sus miembros. El 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó la desclasificación de los documentos del Batallón 601; y la documentación se presentó ante el juez federal Ariel Lijo.
Ediciones de medios de comunicación de entonces informaron sobre datos de casi 4.000 civiles. Había de todo tipo de ocupaciones y oficios, incluso estudiantes, maestros, y docentes universitarios. La documentación reveló asimismo que se desempeñaban en el organismo más de 300 militares.
El juicio
El TOF N° 4 estuvo presidido por Esteban Carlos Rodríguez Eggers; secundado por Matías Alejandro Mancini y María Claudia Morgese. El debate del juicio Contraofensiva I comenzó el 9 de abril de 2019 –involucraba a 9 imputados- y corresponde al primer tramo elevado a instancia oral, informó la Comisión del juicio
“Es una sentencia que responde a lo que pedimos en los alegatos. Y eso no hay que perderlo de vista en una situación nacional en la que muchos tribunales están mirando otro canal. A partir de este fallo queda muy claro que el rol de las áreas de Inteligencia del Ejército en la represión ilegal no fue secundario sino primordial”, evaluó el abogado de los querellantes, Pablo Llonto.
Llonto destacó, asimismo, que es una de las pocas sentencias que no consiente prisiones domiciliarias. El informe pone de relieve que esto implica la comprensión, por parte de la Justicia, de que los genocidas tienen mucha edad, pero si están en buenas condiciones de salud, deben cumplir la condena en una cárcel común.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 10 de agosto. Llonto explicó que hay que analizarlos, no obstante concedió que “una sentencia que entiende el funcionamiento de toda la estructura de Inteligencia en la represión ilegal, le va a servir a juicios que se realizan en todo el país para que apliquen el mismo criterio ante los delitos de lesa humanidad”.
Imputados
De aquellos 9, cinco fueron condenados ayer. Son Eduardo Eleuterio Ascheri, ex jefe de la división Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares; Jorge Eligio Bano, ex jefe de la división Operaciones -mismo Departamento y Comando-; Roberto Bernardo Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601.
También Luis Ángel Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; y Marcelo Cinto Courtaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
En el caso de Jorge Norberto Apa, ex jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista” del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General, logró aplazar su sentencia con un certificado que sostiene la pérdida de su capacidad de comprensión. Así, el TOF ordenó la realización de pericias psicológicas.
Tres de los imputados, asimismo, fallecieron antes del veredicto. Eran Carlos Blas Casuccio, ex segundo jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex Jefe del Departamento Personal (G1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; y Alberto Daniel Sotomayor, ex Jefe de la Sección Primera del Destacamento de Inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
GC
Dejar una respuesta