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Represión en Jujuy: el gobierno le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional la reforma de Morales

Policía montada de Jujuy arremete en la vía pública contra manifestantes (Foto Edgardo Valera)

Policía montada de Jujuy arremete en la vía pública contra manifestantes (Foto Edgardo Valera)

Se realizó a través del ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional, por instrucción del presidente Alberto Fernández. Tras la reforma constitucional urdida por el hasta ahora gobernador, Gerardo Morales, la provincia entró en un caos total. Producto de reclamos de fuerzas sociales, políticas y de pueblos originarios. Morales con la complicidad del peronismo vernáculo, pero sin consenso social, reformó la Constitución provincial con artículos violatorios de derechos y garantías que impone la Constitución Nacional. Y hasta tratados internacionales suscriptos por la Argentina, señalaron desde el ministerio de Justicia.

De un tiempo a esta parte Jujuy es un caos social. Reclamos por libertad para expresar disidencias con el gobierno provincial. Denuncias de violaciones a los derechos humanos. Represión de empleados estatales que piden mejoras en los salarios. Referentes políticos y sociales perseguidos. No hay antecedentes de situaciones parecidas, salvo en dictaduras.

Todo este caos surgió ante una reforma de la Constitución provincial que el gobierno de Gerardo Morales logró instrumentar con ayuda del peronismo local (Ruben Rivarola), otro partido de peso en la provincia. Pero con muy poco, o nulo consenso ciudadano, a juzgar por la resistencia que ocasionó en prácticamente todos los campos sociales de la provincia.

Redes sociales digitales, grupos de WhatsApp, testimonios personales de referentes de diferentes ideologías locales, y otros que están o estuvieron en la provincia para observar la sutuación -por caso la APDH- dan cuenta de avances policiales sobre manifestantes, acciones contra la libertad de manifestar, detenciones, hospitalizados.

Manifestantes contra la reforma en una calle de Jujuy

Gravedad institucional

Para el amplio arco que critica la reforma, la actual gobernación jujeña intenta, con la polémica iniciativa, acallar a las y los opositores y tener el camino allanado para reprimirlos. La cuestión es de tal gravedad que trascendió los límites de la Argentina y motivó un reclamo al país -ya no solo a Jujuy- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA).  

En este contexto, por instrucción del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia nacional. Es para para que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones violatorias incorporadas por la Convención Constituyente provincial.

Según la presentación, se trata de artículos violatorios de los derechos y garantías consagrados por la Constitución nacional, y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. En una comunicación se enumeraron los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 inc. 17 y 22 y 123 de la Constitución argentinas y los tratados.

La presentación tuvo lugar hoy viernes por la mañana, informó el ministerio de Justicia nacional. Y contiene aportes sustanciales de áreas nacionales de Derechos Humanos, de Asuntos Jurídicos Internacionales; también del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; y hasta del ministerio de trabajo de la Nación.

El escrito presentado, según la información difundida, plantea la “gravedad institucional generada por la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el actual Poder Ejecutivo provincial a cargo del Gobernador Morales, ya que está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.´

Purmamarca, uno de los lugares donde se sintió la represión al reclamo de participación

Reglamento represivo

La presentación también hace referencia a una comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial. Allí el funcionario internacional expresa que lo dispuesto en Jujuy “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Por otra parte, se afirma que el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con la Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues “sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo –por parte del gobierno de turno-“. (límites a derechos de huelga, reunión, otros).

El escrito también solicita que “se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna provincial”. Pues, se señala, durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial se omitió consultar a los pueblos indígenas interesados, con relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa.

Manifestantes contra la reforma constitucional inconsulta

Manipulación y represión

La maniobra, informa la comunicación del, ministerio de justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciada por las propias comunidades indígenas, “no cumple con los parámetros de la interculturalidad exigida por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071, ni tampoco es el resultado de un verdadero proceso de consulta”.

En la presentación, además, se sostiene que el accionar del gobierno jujeño en la reforma, afectó directamente derechos al territorio, la participación y la autodeterminación de los originarios. Y se señala: “El Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes”.

Según la presentación, para reformar la Constitución jujeña además hubo manipulación de los plazos del procedimiento, asimismo, Morales tuvo un doble rol de gobernador y convencional constituyente. Y todo esto no puede ser disociado del caos generado por la reforma “y menos aún, de la virulenta represión efectuada por las fuerzas de seguridad a quienes se manifestaban en contra”.

GC

  1. JUAN JOSE PRADO

    Gran parte de la ciudadania democratica argentina reclama al Gobierno la intervencion, en principio del partido justicialista complice del dictador, mas la intervencion de la provincia por violar la constitucion nacional. Es menester para muchos la aplicacion del art.5to. de la C.N. aplaudiendo la efectividad dela propuesta acorde con el art.36 de la C.N.
    No se ha atrevido el PE a indultar a Milagro Salas para que pueda esta «salvar su vida» de las garras del dictador jujeño. juan jose prado

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