En cuentas de usuarios, de Facebook y otras redes sociales, en declaraciones de varios referentes políticos y sociales, y en acciones de varias entidades de consumidores y Defensorías del Pueblo se refleja el descontento social por el tarifazo en el servicio de gas y particularmente el aumento extra al tarifazo, que dispuso el gobierno nacional, para compensarle a las empresas la diferencia por la disparada del dólar entre abril y setiembre.

Para compensar la diferencia cambiaria que causó el gobierno nacional entre abril y setiembre, el gobierno nacional autorizó que las empresas de gas se lo facturen a los usuarios
Este mes el servicio de gas aumentó entre el 30% y el 35%, y como se sabe, el gobierno nacional, desde este año, modificó la tarifa social a favor de la empresa, y en esta línea, la última semana el gobierno también dio vía libre a que las empresas compensen la disparada del dólar, entre abril y setiembre, y la facturen en 24 cuotas extras a lo que ya cobran por el servicio (Res, 20/18).
Esto, sumado a los aumentos den otros servicios públicos y los continuos desaciertos en materia económica -que en rigor, aunque perjudican a las mayorías, benefician a determinados sectores sociales- hizo que usuarios, referentes políticos y sociales y entidades de consumidores, salieran a expresar abiertamente su descontento por los irracionales aumentos.
En medio del escape el ahora secretario de Energía (el gobierno nacional degradó el ministerio para ahorrar), Javier Iguasel, aportó su fósforo al decir en medios nacionales que el descontento por los aumentos lo fogoneaban desde la oposición, exabrupto por el cual luego tuvo que salir a disculparse, para lo cual usó la red social twitter.
Abusivo

En octubre el aumento es entre el 30% y el 35%, no menos. Y la compensación es una factura extra durante 24 meses.
Héctor Polino, de Consumidores Libres calificó la Res. 20/18 como “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria, porque los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación”. Para el experto: “En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno Nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”.
Luego consideró insólito “que a los tarifazos hasta la fecha, más el nuevo aumento que comenzó a regir a partir del 1° de octubre, cuyo porcentaje aún se desconoce, a la eliminación de la bonificación por menores consumos, a la quita parcial de beneficios que tenía la Tarifa Social, a la reducción de beneficios a entidades de bien público, se agrega ahora, este nuevo tarifazo (…)”.
Asimismo, sostuvo que “el Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto dicha resolución, porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país y cuyas tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios”.
Deterioro

El flier que inundó las redes
El intendente de Tigre, Julio Zamora, advirtió que “el nuevo tarifazo en el gas generará aún más deterioro en las condiciones de vida de nuestra población” ayer al inaugurar una pista de skate en su distrito. “Va a repercutir muy fuerte en los hogares” evaluó luego y agregó: “Me he encontrado con vecinos con boletas de $5.000, $7.000 $8.000 que cobran salarios muy bajos y esto les va a generar más deterioro”
En la página institucional, la municipalidad de San Martín se sumó al descontento general con el hashtag #EnSanMartínNoPasa “no vamos a pagar este nuevo tarifazo” (www.sanmartin.gov.ar). El intendente, Gabriel Katopodis, no ha faltado a ninguna de las audiencias públicas del gas en representación de ciudadanos y pymes locales preocupados por los desmedidos aumentos.
En las redes sociales, asimismo, circula un llamado con el hashtag #yonopago, y un flier con el texto “de una vez y por todas unámonos por algo que no sea solo el mundial! Basta de excusas!”, en la parte inferior, mientras que en la parte superior dice: “24 cuotas hay que pagarles a las empresas de gas para compensarles el dólar…Y a mi quien me compensa estos 3 años de todo el daño macrista? Nos arruinó la vida!!!!!”.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, también consideró el tema. “El gobierno de Mauricio Macri quiere que su impericia, y la crisis que generaron, la pague la gente. Favorecer y permitir a las empresas que trasladen el costo de la devaluación a los usuarios confirma que sólo trabajan para las concesionarias de servicios públicos y nunca para los ciudadanos”, disparó
En esta línea, Lorenzino confirmó que impugnará la Res. “ante el Enargas y los organismos que correspondan, pero lamentablemente este Gobierno lo único que hace es profundizar la crisis en el bolsillo de la gente, especialmente en los sectores más vulnerables”. El defensor también cuestionó que “sin certezas sobre el tipo de cambio” es difícil calcular el monto real que se traspasará a los usuarios.
Gustavo Camps
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