Las organizaciones Amnistía Internacional, la Red de Profesionales por el Derecho al Aborto y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito denunciaron a San Isidro ante la Justicia. Es por un protocolo municipal, para asistir la interrupción del embarazo (IVE) que no respeta la Ley 27.610/21 vigente. Esta ley recooce el derecho de mujeres, y otros géneros con capacidad para gestar, a decidir e interrumpir su embarazo de manera legal, segura y gratuita, sin más.
“Exigimos que la municipalidad de San Isidro cumpla con la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo” dijo la médica Daniela Trecco, de la Red de Profesionales por el Derecho al Aborto. En la Asociación Judicial Bonaerense, de San Isidro, mujeres representantes de la sociedad se juntaron para denunciar que el municipio no cumple.
Había mujeres de Amnistía Internacional y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que encabezaron la iniciativa formalmente. Pero, además, había actrices de la asociación AAAA; concejalas locales; de organizaciones feministas; de organismos de derechos humanos, de colegios profesionales; trabajadoras de sindicatos.
Se difundió como una conferencia de prensa, pero la gran cantidad de mujeres convirtió la iniciativa en un acto de reclamo. Se informó y se dio a conocer un protocolo que sigue San Isidro, para asistir la IVE, que no cumple con la ley. La abogada, Mariela Galeazzi, de Amnistía Internacional, lo explicó claramente. Muchas mujeres había, el miércoles último.
La presentación
Aunque se protegió la identidad de las denunciantes, la abogada Galeazzi informó que decidieron presentar la denuncia por la gran cantidad de casos que les llegaron. Se enteraron de que las “derivaciones” y los “trámites” de extensos pasaban a imposibles de cumplir. Además, reveló que ninguna de las denunciantes pudo asistirse.
La presentación formal, el martes 16, se realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de San Isidro para pedir que el municipio cese en el uso del protocolo ilegal. Esto pues incumple con lo que determina la Ley 27.610/21 de interrupción voluntaria del embarazo. Por caso, el municipio incorpora requisitos y condiciones que no están en la ley.
Galeazzi explicó que con esa modalidad se dilata el acceso al derecho a la interrupción. En casos en que la ley no exige “riesgo para la vida” el municipio si lo hace. Se pide a las mujeres “consentimientos” que la ley no exige. Y se rompe la confidencialidad obligatoria pues pide datos para contacto futuro, aunque la mujer desista atenderse en San Isidro.
La abogada Galeazzi evaluó que son tantos los casos, y en tan idéntico sentido –posponer la atención, para que el tiempo transcurra y no se pueda llegar a la IVE- que se trata de un incumplimiento “sistemático” no meramente casual o de excepción. Para las instituciones que defienden el derecho de las mujeres se trata de una irregularidad que debe cesar.
Tras el acto, la doctora Galeazzi informó, por ejemplo, que el protocolo de San Isidro solicita a la mujer un “Consentimiento informado general del proceso” que la Ley 27.610 no establece. El cuestionado protocolo municipal, asimismo, solicita un “consentimiento específico” ante una ecografía obstétrica, también fuera de los que exige la Ley.
Paso enorme
El protocolo además dispone: “Luego de cumplimentados todos los pasos previstos en este protocolo (sic), si la paciente manifiesta querer interrumpir será atendida por el profesional a cargo del consultorio de Ley 27.610”. Algo contrario a la ley, que reconoce la “autonomía de la voluntad” de la mujer para decidir sobre su cuerpo, más allá de cualquier protocolo.
Durante el acto, actrices de la asociación AAAA regional –estaban la artista Estela Oriana y el director Jorge Córdoba delegado general de la AAAA– dramatizaron sobre la situación denunciada. Por su parte, la edil Manuela Schuppisser, ante el auditorio, señaló que la denuncia “es un paso enorme para la garantía de los derechos de nuestras ciudadanas”.
También reveló que como bloque presentaron “media docena de proyectos” de protección al derecho a la IVE antes de la renuncia del secretario de Salud anterior, en febrero de 2025 (Ignacio Videla), que nunca fueron tratados en el recinto, ni respondidos. E informó que, con el actual titular, Pablo de la Torre, la situación no mejoró.
Entre otros varones estaba también el concejal, Federico Meca, que informó ante una consulta de Denorteanorte.com que tras la presentación judicial armaban una estrategia para llevar a cabo desde el bloque opositor en el Concejo. Durante el encuentro las organizadoras repartieron el texto del protocolo municipal.
Desde el municipio hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial sobre el asunto. Fuentes municipales consultadas –de áreas ajenas a Salud- señalaron: “El caso denunciado no nos consta, lo único que conocemos es una versión periodística”. Cabe consignar que corresponde al Tribunal de origen informar por cedula a los demandados.
Dejar una respuesta