Se conoció que en una jugada política hábil, el Frente de Todos en el Senado nacional se dividió en dos bloques y pide representación de cada uno en el Consejo de la Magistratura, un organismo de control de designación de jueces y administración judicial. El tema se hizo conocido porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tomó 15 años para declarar inconstitucional una reforma del organismo que realizó el Congreso nacional; y les dio unos días a los legisladores para que voten otra reforma, so pena de que el presidente de la Corte, presida también el organismo creado para controlarlo. En esta columna el abogado Prado, que fue conjuez de la Corte Suprema, candidato a consejero del Consejo de la Magistratura e integrante del Jurado de enjuiciamiento de jueces en la CABA (año 2000), echa luz sobre el tema.
Por Juan José Prado*
El tema del Consejo de la Magistratura pareciera reservado exclusivamente al mundo de la dirigencia política ¿Tiene el pueblo conocimiento de la existencia de este instituto incorporado en la reforma de 1994? ¿Tiene conciencia el pueblo sobre su importancia en la vida institucional? Lo real es que no.
El artículo 114 de nuestra Constitución Nacional dispone: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial…”.
Antes de la reforma constitucional de 1994 –que abarcó varias cuestiones institucionales y del derecho, no solamente el tema judicial- era el Congreso nacional el que designaba a los magistrados; y tenía a su cargo la administración económica del Poder Judicial.
Este instituto se pensó para posibilitar la agilidad en la designación de los jueces, un procedimiento con su complejidad; así como para despolitizar esa función de designación; y dejar de distraer de lo especifico a los representantes del pueblo –funciones legislativas-, en temas administrativos del Poder Judicial.
“un poder político y una masa de dinero deseable para
imponer autoridad y discrecionalidad desde el Poder Judicial”
En la actualidad el Consejo de la Magistratura constituye un poder político y una masa de dinero deseable para imponer autoridad y discrecionalidad desde el Poder Judicial; un Poder amañado, corrupto, al servicio del orden establecido; que comienza a mostrar estas cualidades a partir de la acordada del 9 de setiembre de 1930.
Ese fallo, refrendado por el fiscal Rodríguez Larreta, reconoce y da legitimidad al golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hipólito Irigoyen. Este fue el primer golpe de Estado del siglo XX; y dejó abierta la posibilidad de que se corrompa el orden constitucional y la incipiente senda democrática que recorría el país.
De ahí en más, en definitiva, comienza la historia del beneplácito de la Corte por los golpes de Estado. Se profundiza esa tendencia dictatorial por más de 50 años, con su característica violatoria de los derechos fundamentales y del respeto a las instituciones de la república; y así llegamos al terrorismo de Estado iniciado el 24 de marzo de l976.
Luego, al reasumir el gobierno democrático en 1983, a Raúl Alfonsín le resulto casi imposible depurar la estructura del Poder Judicial. La mayoría de los jueces designados en dictadura se mantuvieron en sus cargos. Y no obstante las bocanadas de aire democrático que siguieron, la vieja estructura se mantiene impoluta.
“Se aplicó la metodología del Lawfare”
Quedó demostrada la complicidad del Poder Judicial en la persecución contra las víctimas el terrorismo de Estado. Con métodos análogos, en democracia, también la persecución política contra quienes profesaban el ideal peronista; por ejemplo, varios funcionarios que se desempeñaron en la gestión kirchnerista 2003-2015.
Detenciones arbitrarias, armado de causas, falsificación de documentación, y la aplicación de la “vindicta publica” con la complicidad de la prensa corporativa; sumado a la aplicación de la acordada aberrante que permitió la prisión preventiva, detención carcelaria por tiempo indeterminado, por la simple convicción de los jueces.
La asunción de Mauricio Macri agudizó la situación. Mediante la ficción del juicio se veló la persecución política. Se aplicó la metodología del Lawfare; tras directivas impartidas que caracterizan al Poder Judicial de los EEUU. Brasil comenzó demostrando fidelidad a la enseñanza. Y tuvimos alumnos destacados aquí.
Estos jueces y fiscales más que expertos en derecho fueron maestros en la extorsión judicial; y en el uso de los servicios de inteligencia para intimidar a testigos y víctimas de la persecución. Y los avaló una Corte Suprema de Justicia, pergeñada por Simón “Pepín” Rodríguez, operador de la justicia para Macri; con jueces que representen sus intereses.
Juez y parte
Tras el cambio de gestión, en diciembre de 2019, todos los acuerdos entre diputados macristas y miembros de la Corte se denuncian; y el Consejo de la Magistratura comienza a actuar independientemente; señala arbitrariedades en la designación de jueces; y el abuso y mal desempeño de jueces armadores de causas falsas.
Pero el cortesano Horacio Rosatti –actual presidente de la Corte Suprema de Justicia- ha dado prueba de que es capaz de todo en su función. Declaró inconstitucional, sin fundamento claro, la ley vigente –una decisión cajoneada 15 años-; y para mayor aberración jurídica, puso en vigencia una ley derogada.
Lo más agraviante es que, el presidente de la Corte, se autoproclama presidente también del Consejo de la Magistratura. Y desde el podio de presidente de la Corte declaró nula una medida cautelar de un Juez Federal, para que la designaciones de los representantes del Congreso se eviten hasta que el Consejo se ajuste a derecho.
Con su fallo Rosatti, además de juez, se convirtió en parte. Puede resolver la designación y sustitución de jueces nacionales; y disponer de los fondos del Poder Judicial. Además puede autocontrolarse ¿Hace falta decir más? Tal vez desde ahora, en lugar de “Justicia”, la institución debería llamarse “Arbitrariedad”, para ser rigurosos.
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