La Caja de la Abogacía bonaerense rechazó declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona -el mismo que defiende morigerar sanciones de genocidas de la dictadura- donde propuso que los divorcios y sucesiones se desarrollen fuera del ámbito judicial. En su columna el abogado Juan J. Prado deja ver cómo el someter económicamente a abogados viene desde la época de Martínez de Hoz, y siempre igual: se apunta a impunidad.
Juan José Prado*

Durante mi presidencia en la AABA (1977-1979) nos enfrentamos con el ataque de la política de Martínez de Hoz en varios frentes. El primero fue la ley de aranceles. Se privaba de la subsistencia a los abogados, al disminuir, con relación a los Tribunales, y en los juicios, una regulación magra. Querían imponer la desregulación arancelaria.
Ellos postulaban un “acuerdo” entre cliente y profesional. También limitaban las apelaciones en los juicios laborales, con lo cual cuestionaban los montos que podían apelarse en juicio. Pero la mayor lucha ante el ministro de Justicia de la dictadura, Rodríguez Varela, se llevó a cabo por la defensa de las incumbencias.
La cuestión hoy aparece de nuevo (o casualidad, también fue insinuada en el macrismo). Que los divorcios y sucesiones sean tramitados fuera del ámbito judicial y se limiten a actos notariales o registrales. En aquellos tiempos también se abrió un frente con los notarios, que se perjudicaban por la modificación del funcionamiento de la profesión.
“Es notable como se reiteran en el tiempo estos ataques”
La AABA elevó la protesta muy bien fundada por una comisión. Lo cuento en mis memorias. Pero no era lo único. El ataque contra el funcionamiento de la Justicia desde el ministerio de Economía que encabezaba Martínez de Hoz, con el beneplácito de la Corte, se manifestó también en otras medidas contra la Justicia.
Se cerraban edificios por “mal funcionamiento” o “falta de conservación” -sin invertir en renovarlos- para impedir el tramite de reclamos que consideraban “inconvenientes”. Por caso, los reclamos sindicales contra la Ford y la General Motors. También la desregulación general de los honorarios de los abogados.
Además imponían tasas, y tributos bancarios, en los tramites de los oficios judiciales. Es notable como se reiteran en el tiempo estos ataques, con acciones que pretenden ser novedosas. Y particularmente querían imponer el tema de las sucesiones y divorcio fuera del ámbito judicial. Así surgió el llamado: «tracto abreviado sucesorio».
“En la actualidad siguen en la línea de someter
económicamente a los abogados”
La Comisión de Asesoramiento Legislativo CAL (a falta de un Congreso elegido por el pueblo) propuso que una vez que el trámite judicial, de una sucesión, obtuviera la declaración de herederos o el dictado de la aprobación del testamento, el juzgado autorizara que la «inscripción de declaratoria o testamento» la hiciera un escribano.
Durante la dictadura cívico militar también se intentó modificar, de la mano de Martínez de Hoz, la carta orgánica del Banco Hipotecario. Para excluir la función de los notarios. No pudieron hacerlo. Con los años, en el período menemista, directamente privatizaron el Banco Hipotecario, que permitía acceder a créditos para la vivienda propia.
Las acciones de la dictadura que comenzó en el `76 se repitieron en los `90 de la mano de Cavallo y Sturzenegger. En la actualidad siguen en la línea de someter económicamente a los abogados, en combinación con funcionarios del Poder Judicial. Buscan la impunidad los mismos de siempre con las mismas ideas.
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