No solamente Buenos Aires sufre los embates de las políticas anacrónicas e impotentes de Milei para gobernar un país como la Argentina. El resto de las provincias también lo sufren. En este caso nuestro columnista de Junín de los Andes (Neuquén) analiza el veto a la movilidad jubilatoria -que por la payasada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que nadie votó para que esté en un gobierno) y la criminalidad de sus empleados no deja de estar en la picota- y otras medidas a espaldas del Congreso que la gestión Milei lleva adelante.
Por Juan José Prado (h)*
Esta semana no hemos visto sacudidos por el veto a la ley sancionada por el Congreso, la cual mejoraría -de manera insignificante- los devaluados haberes de los jubilados. Al parecer, y según anuncios vigentes al momento que se escriben estas líneas, sucedería lo mismo con la reciente ley para las universidades.
Esto nos debe hacer pensar. Desde el primer acto político del presidente, realizado a espaldas del Congreso, se construyó una clara afrenta al sistema federal que nuestra Constitución sostiene. La gestión se fue posicionando como un gobierno fuertemente centralista, con un desfachatado desinterés y nada de respeto por la Carta Magna.
Esta afirmación se sustenta básicamente en la proliferación de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Que resultan innecesarios y para nada urgentes, además. Y solo le sirven a la gestión Milei para eludir el templo del federalismo que es el Congreso.
“Deterioro de la calidad de vida en función de decisiones centralistas”
Ahora bien, la mirada de este ciudadano, vecino de un municipio autónomo -en los términos de la Constitución Nacional (arts. 5 y 123), Junín de los Andes, Neuquén-, observa un deterioro de la calidad de vida en función de decisiones centralistas. Y, sobre todo, el debate ausente de los representantes que los provincianos supimos elegir oportunamente.
Así, las remesas comprometidas para el subsidio de transporte se desvanecieron; igual con los aportes para los haberes docentes; se paralizó la obra pública -motor de muchas economías municipales-; y la administración central cerró agencias y organismos sustantivos; y la lista puede seguir.
La reacción, casi instintiva, de las economías locales fue obtener los recursos para afrontar esa realidad económica sesgada desde el puerto de Buenos Aires. Así, los municipios empezaron a imponer tasas, en algunos casos y en otros se elevaron. La respuesta desde el escritorio presidencial no se hizo esperar.
Más allá de condenas cargadas de epítetos descalificantes, se firmó la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, por la cual se impide -en pos de resguardar al consumidor en la transparencia en el cobro de tarifas- percibir recursos municipales (tasas) a través de las boletas de servicios.
“los municipios gozan de una autonomía económica y financiera”
Lo que no ha advertido el gobierno nacional es que esa reacción de municipalidades y provincias ha sido la respuesta federal a su atropello centralista. Puesto que -si bien estamos transitando el trigésimo aniversario de la Constitución reformada (1994)- esas modalidades resultaron una reacción genuina al ahogo financiero.
Sin pretender caer en un análisis jurídico del tema, la Casa Rosada ha omitido advertir, que la ley de coparticipación (Ley 23.548/1988) fue sancionada previamente a la reforma constitucional del ´94. El art. 75 inc. 2 de la ley impone una serie de requisitos para una nueva norma, que la vigente no tiene.
Que para el caso, las provincias delegan en la Nación ciertas facultades. Pero estas son taxativamente enunciadas en el texto constitucional. Y que, los municipios gozan de una autonomía económica y financiera, y que al menos que adhieran a determinada norma (vgr. coparticipación) los gobiernos provinciales, y mucho menos el Ejecutivo Nacional pueden decidir por ellos.
Estas reacciones, muy que le pese al gobierno central, serán expresiones fruto del ahogo al que se ha llevado a las provincias. Además, quizás sean las primeras expresiones de rebeldía de un país que rechaza el avasallamiento del principio federal que tanta sangre costó consagrar durante el siglo XIX.
*abogado de amplia trayectoria en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.
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