Por 137 votos afirmativos -del oficialismo de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo (UCR) y aliados menores- contra 117 negativos –la izquierda del FIT, kirchnerismo, peronismo y aliados- es ley la reforma a la Ley de Glaciares 26.639. Durante la jornada desde temprano, organizaciones ambientalistas cuestionaron el proceso de reforma de la ley –el oficialismo censuró a miles de ciudadanos que quisieron expresarse en la audiencia pública- en las inmediaciones del Congreso, vallado por fuerzas represivas. Y adelantaron que la judicializarán en estrados nacionales y extranjeros también.
La Ley de Glaciares 26.639/20210 establecía presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y las áreas circundantes frías de estos (ambiente periglacial). Y prohibía actividades mineras e industriales en sectores de provisión de agua. Las mineras, con esta ley, no podían contaminando agua o dejar sin agua amplias zonas, en su beneficio.
El gobierno vio una veta de negocios con los reclamos de las mineras para hacer más fácil la extracción de minerales sin control y mayores ventajas. La gestión Milei las ayudo y hoy de madrugada el oficialismo logró aprobar una modificación sustancial. Que, para los ambientalistas, y amplios sectores de la sociedad es un retroceso en materia ambiental.
La sociedad civil se comprometió con el tema. Tal es así que a la audiencia pública por la reforma de la ley se anotaron más de 100.000 oradores de organizaciones ambientalistas, científicos e interesados. Pero el gobierno terminó censurándolos y dejó que solamente alrededor de 200 se exprese de manera fehaciente y legal.
La Ley 26.639 de Glaciares
La ley de Glaciares 26.639/2010 resguardaba de negocios y contaminación los glaciares y sus zonas circundantes (ambiente periglaciar). Y, de acuerdo con la Constitución Nacional (art. 41), determinaba que solo el Congreso de la Nación debía establecer presupuestos mínimos de protección, sin que ninguna provincia pueda bajar esa protección.
La reforma de la Gestión Milei dio por tierra con esa protección y les da potestad a las provincias de determinar esos presupuestos mínimos. Se sabe que, vapuleadas económicamente, como están, por la propia gestión Milei, ahora las provincias podrán utilizar las zonas ambientales para hacerse de recursos que la Nación les recortó o quitó.
Esta madrugada, por 137 votos afirmativos -de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo (UCR) y aliados menores-; contra 117 negativos –la izquierda del FIT, kirchnerismo, peronismo y aliados- el oficialismo, en Diputados convirtió en ley el proyecto que ya había aprobado el Senado. En la calle durante toda la jornada hubo muestras de oposición.
En dialogo con Denorteanorte.com, poco antes de la aprobación, Leonardo Pérez Esquivel, activista sanisidrense del Espacio Intercuencas explicó lo inconveniente de la reforma aprobada. Y adelantó que, dada la inconstitucionalidad de la ley aprobada, sin duda las organizaciones ambientales y políticas irán a la Justicia, tanto nacional como internacional.
Nuestra región presente
De nuestra región, además de representantes del Espacio Intercuencas, hubo manifestantes de la Movida Ambiental de Vicente López (Flavia Affanni, entre otros), y de La Galpona, de Villa Martelli, y de la Asamblea Popular por el Agua (Carlos Gurvich y otros); también de la Asamblea Delta y Río de la Plata de Tigre (Liliana Leiva).
Sobre el proyecto convertido en ley Pérez Esquivel explicó: “Lo que hace es quebrar el presupuesto mínimo que establecía la ley actual vigente, que preservaba los glaciares y los ambientes peligrosos de las actividades extractivistas de distintos tipos, petroleras, mineras”. También reveló que atenta contra el “inventario nacional de glaciares”.
La ley modificada L 26639 contenía un inventario nacional de glaciares. “Ahora, más allá de ese inventario, las provincias quedan habilitadas para definir si hay ambientes glaciares que no tienen directamente, aparentemente, incidencia en la provisión hídrica. Entonces se los podrá sacar del inventario y podrán estar sujetos a explotaciones mineras”.
“Las provincias quedaron con la facultad de definir qué queda y qué no queda del inventario de glaciares. Y eso es inconstitucional”, explicó Pérez Esquivel. Por otra parte, señaló que “la ley de presupuestos mínimos, como su nombre lo indica, da un piso de protección, así como la ley de bosques también define algo similar”.
El activista ambiental también señaló que “el hecho de retirar zonas periglaciares, que aparentemente no tienen una incidencia hídrica, es algo muy discutible. Porque esa incidencia depende del nivel de nevadas, de agua. No solo es la carga hídrica superficial de los ríos, sino también de los acuíferos, que recargan la provisión de agua de una zona”.
Minería sin control
“Entonces, a futuro –advirtió el sanisidrense- los emprendimientos mineros, con toda la explotación van a afectar los glaciares y el agua. Que ya están muchos haciéndolo al incumplir la norma que hoy existe. Y afectan zonas periglaciares. No solo contaminan el agua con componentes químicos, sino que esa agua se evapora, llueve y afecta también”.
Pérez Esquivel también observó que “las explosiones de la actividad minera generan materiales en suspensión que también afectan los glaciares, con el recorrido del viento. Entonces, ya con el cambio climático tenemos zonas con estrés hídrico creciente, sobre todo la zona de la cordillera. Y ahora con esta ley y la minería se quedarán sin agua”.
El sanisidrense nombró zonas como Rinconada, en Jujuy, en La Puna, donde las comunidades originarias se quedaron sin agua pura “y tienen que llevarles camiones con agua”. Esto por la actividad minera para sacar litio. “Esta ley no solo no lo soluciona eso, sino que lo empeora. Porque si ya ocurre con la ley actual”.
“Ahora las mineras van a tener más territorios para hacer emprendimientos extractivistas. Este es el punto más serio que tiene la ley”, destacó Pérez Esquivel. Además, puso de relieve que la ley aprobada “cuestiona el Acuerdo de Escazú, que es de protección ambiental, y que define que esto tiene que ser sometido a consulta previa informada”.
En efecto, el acuerdo de Escazú se firmó en marzo de 2018, en Costa Rica (en la ciudad de Escazú). Tiene vigencia desde 2021 y es el primer acuerdo ambiental de Latinoamérica y el Caribe. Lo formaron países como Chile, México y la Argentina. El acuerdo facilita la participación ciudadana y da derecho a reclamar judicialmente los daños al ambiente.
Ley con nombre y apellido
“Esta ley –graficó Pérez Esquivel- tiene nombre y apellido. Es el de las corporaciones que son de las corporaciones. La Barrick Gold; Río Tinto; McEwen Cooper, Giencore y otras. Bueno, algunas son norteamericanas, otras canadienses, hay chinas. Que son los lobbies mineros que impulsaron la modificación de la ley, para sus negocios”:
El activista sanisidrense explicó que “No se puede ir para atrás con los derechos adquiridos en materia ambiental. Siempre se tiene que ir para adelante o para arriba. O sea, sobre esa base de presupuestos mínimos de la Ley 26.639 las provincias debieran mejorarlos para arriba, no bajarles el piso, para mejorar la situación de las mineras”.
Pérez Esquivel adelantó que “va a haber muchos cuestionamientos de esta norma. Se ha puesto en la agenda un tema que estaba como lejano, escondido. Pero no es tan lejano porque hay montones de provincias cuya principal fuente de provisión de agua son los glaciares. No hay otra cosa, no se los puede contaminar o hacerlos extinguir”
“La extracción minera viene a agravar el estrés hídrico. Acelerara ese proceso. Y eso va a ser un problema serio porque va a significar no solo la destrucción de producciones locales que hoy tienen un nivel de integración importante. Sino la expulsión de poblaciones por la falta de agua. Que es lo que ya está ocurriendo, y esta ley lo va a empeorar”, enfatizó.
Dejar una respuesta