Lo pidió públicamente el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La cámara empresaria les solicitó a autoridades del gobierno, a la senadora Victoria Villarruel, a gobernadores y a diputados nacionales de todos los bloques que modifiquen el artículo 206. Es el de derechos de exportación. Lo modifiquen para que “aporte una definición precisa de las economías regionales argentinas”.
Si tanto del DNU Milei como su “ley ómnibus” trajeron incertidumbre y problemas a la mayoría de los sectores de la economía argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) puso el acento en el artículo 206 del pretencioso proyecto. Y pidió a todos los responsables de gobierno y del espinel político que lo rearmen.
Tal artículo del cuestionado proyecto fija 0% (cero por ciento) “la alícuota de derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes a los siguientes complejos exportadores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana”.
También dispone que “El Poder Ejecutivo Nacional identificará las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur correspondientes a cada complejo exportador incluidas en el presente artículo”. Para la CAME de allí no surge lo que son las economías regionales y eso debe salvarse; de allí el pedido.
Definir las economías regionales

“Es fundamental que se defina qué son las economías regionales así quedan comprendidas más de 7000 posiciones arancelarias. Ya nos pasó que para ciertas cosas las incluimos a todas y para otras cosas no las incluimos en nada”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González, al respecto, en la comunicación de la cámara empresaria.
La entidad pyme, asimismo, propuso que en lugar de ese artículo, así como está, se describa como economías regionales a todas las actividades provenientes del sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas.
Como para que no queden dudas del desaguisado el pedido es a todos. Por caso, a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro del Interior, Guillermo Francos; a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino.
También, al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. A los 23 gobernadores y a los diputados nacionales de todos los bloques. Lo que pide la CAME es la incorporación de otro artículo o la modificación del actual en el proyecto de “ley ómnibus” para evitar un vacío legal “que llevaría a algunos complejos agroindustriales a tributar retenciones”.
Definición consensuada y elaborada
Lo que pide la CAME como tantos otros, en definitiva, es ser escuchada. Pues solicita que funcionarios y legisladores utilicen y anexen a la pretenciosa ley, la explicación de las economías regionales elaborada y consensuada por más de 400 entidades agroindustriales de todo el país y las federaciones económicas de las 23 provincias
Y explica que “Las economías regionales tienen anclaje territorial, relevancia socioeconómica local y provincial en materia de generación de ingresos y agregado de valor; se caracterizan por el uso de mano de obra intensiva permanente o temporaria y el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales”.
También señala que las economías regionales tienen “distintos niveles de agregado de valor de sus productos y la articulación de sus eslabones. Se definen por cadena de valor y están conformadas, mayoritariamente, por un entramado de MiPyMEs (micro, pequeñas, medianas empresas) agropecuarias e industriales, y desarrollo de clústeres”.
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