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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación la represión de opositores en Jujuy

La protesta social en Jujuy (Foto Tálam)

La protesta social en Jujuy (Foto Tálam)

El organismo internacional advirtió en un comunicado oficial que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas en la provincia de Jujuy, en la Argentina, una de las provincias con mayor población indígena autoreconocida”. La CIDH, asimismo, llamó al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

En una comunicación oficial, desde Washington DC, fechada el 20 de junio último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas” en Jujuy. Hoy jueves, en tanto, comienza un paro total de 48 horas convocado por la CGT jujeña.

La CIDH, asimismo, advirtió que “la Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”. Si bien la advertencia hace referencia al país, por el sistema federal de la Argentina, es la propia provincia la responsable de lo que sucede dentro de sus límites geográficos. Y desde hace días esa situación en Jujuy es patética.

La CIDH, además, señala que Jujuy es “una de las provincias con mayor población indígena autoreconocida. Por lo cual exhorta al Estado a respetar “la libertad de expresión (…), y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Uso excesivo de fuerza

El organismo internacional informa que “El 17 de junio, en medio de manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos, llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial, y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma”.

La CIDH afirma que eso se hizo “para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales”. E informa que el Estado argentino exteriorizó que “la situación continúa en desarrollo”. Al respecto, entonces, la CIDH expresó “preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial”.

Según información, proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, se reporta que 25 personas fueron detenidas. Entre las detenidas, se encontraría un adolescente de 17 años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y al menos dos periodistas.  

Según la información proporcionada por el Estado argentino, todas las personas detenidas hasta el 19 de junio han sido puestas en libertad. Durante las manifestaciones, señaló la CIDH, se han reportado heridos, por el uso de armamentos por parte de la policía, entre ellas, un adolescente de 17 años que habría perdido un ojo.

Asimismo, señaló la CIDH, “el Estado informó sobre la existencia de una persona herida como resultado del uso de un arma de fuego, sin que se conozcan sus condiciones específicas de salud. Además, revela que las protestas responden a la reforma constitucional que instituyó “la criminalización total de los cortes de ruta”. Así como reformas al sistema electoral local.

Proceso inclusivo equitativo y de buena fe

La CIDH, además, afirma que, según información que recibió, esa reforma en Jujuy “no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”. El organismo internacional, en esta línea, explicó: “La consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe”.

Al respecto, señala que “el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”. Y observa que para la consulta deben respetarse “las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena”

Sobre las fuerzas de seguridad, la CIDH afirma que “tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria”. Y también deben “brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto. El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza”.

También sostiene que “Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes”. Por otra parte, la CIDH observa que los cortes de ruta “son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”. Y es necesario tolerar las perturbaciones de las manifestaciones.

Como ejemplo, señala que pueden afectar el tráfico y las actividades comerciales. No obstante, la tolerancia apunta “a no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”. En ese sentido, el «grado de tolerancia» adecuado no puede definirse en abstracto. Y, por lo tanto, corresponde examinar las circunstancias particulares de cada caso, señala la CIDH.

Diálogo

En este contexto, “la CIDH insta a la Argentina -leasé a la provincia de Jujuy- a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios». Y «que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas”. En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar.

Para la CIDH ese diálogo debe ser amplio y constructivo. Y debe incluir a “los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariarles docentes y con la reforma constitucional provincial. La CIDH y sus Relatorías Especiales están a disposición del Estado para apoyar en estos procesos”, señaló.

La Comisión, asimismo, reconoce “la sólida tradición de participación ciudadana en la Argentina. Que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa. En ese sentido, de cara a acontecimientos futuros, se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

La CIDH, según informó, seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el actual contexto. El organismo, se informó, tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La integran siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a países

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