El abogado Prado -toda una vida dedicada al derecho, como ya se ha informado otras veces en esta, su columna- critica los fallos de la Corte Suprema sobre los candidatos del peronismo en Formosa y en San Juan. Habla de abuso de poder, arbitrariedad, pone en evidencia que a los cortesanos no los elije el pueblo. Y además advierte sobre el peligro de que los otros poderes se sometan a la injerencia de unas corte suprema nacional. Para Prado no hay que dejar hacer.
*por Juan José Prado
Lo resuelto en materia electoral por la Corte Suprema supera todo lo imaginado de abuso de poder y de arbitrariedad. Viola la Constitución Nacional descaradamente. Se constituye en el “gran elector”. La que dispone quién es el candidato que, a su entender y placer, debe desempeñarse en la función pública. Pero era esperable.
Además desconoce la voluntad del electorado que elige sus candidatos, primero mediante la expresión de los partidos políticos. Y luego dispuesto a elegirlos dentro de la soberanía provincial prevista en la Carta Magna. Ya son dos los candidatos que esta Corte ha impedido que sean elegidos. Esta corte que el pueblo no eligió, ni elegiría.
Resta que la corte disponga quien debe ser quien gobierne Formosa por ejemplo. Y quienes podrán gobernar los 135 municipios en la provincia de Buenos Aires ¿Quién les dio esa potestad a esos impresentables? ¿Estarán buscando adrede una respuesta confrontativa con vaya a saber que finalidad aún peor de lo que ya perpetraron?
Arbitrario pronunciamiento político
Las provincias afectadas, en virtud del federalismo, pueden desobedecer la injerencia inconstitucional y arbitraria de la Corte. Y podría sumarse a ello la ciudadanía provincial con el respaldo de gobernadores, intendentes, legisladores provinciales y nacionales. Todos elegidos por el pueblo. Y huelga repetirlo: a la corte no la eligió el pueblo.
Lo lamentable es que el presidente Fernández no haya actuado con celeridad cuando tuvo que hacerlo. La no acción del Ejecutivo se lee políticamente como una debilidad. Pasó con la expropiación de Vicentín, que el gobierno eludió. Pasa con el indulto a Milagro Sala que es plausible y no se avanza en eso.
Por otra parte, si las cortes provinciales aceptan el arbitrario pronunciamiento político de la Suprema Corte nacional, estarán admitiendo el sometimiento al Poder Judicial. Y dejarán de lado la voluntad popular mediante la herramienta prevista en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Políticos y Sociales de 1966.
Lo más evidente es que se viola el sistema Federal previsto en los artículos 5, 101 y 102 de la Constitución Nacional. Si las provincias siguen aceptando la injerencia de la Corte, nuestra democracia, la República, nuestras Instituciones estarán el peligro. Y entonces directamente estaremos avalando una suerte de dictadura judicial.
*Abogado. Ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires AABA. Miembro de la Mesa Directiva de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Gran Maestro de la UBA.
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