“Tenemos derechos. Y los debemos defender”. La expresión del Defensor Adjunto del Pueblo bonaerense es contundente. Walter Martello analiza el ajuste a la salud que practica la gestión Milei. Habla de la crisis del PAMI –recuerda la bochornosa frase del todavía ministro nacional, Mario Lugones, sobre las personas mayores- y el deterioro de Incluir Salud. Asimismo, advierte sobre el financiamiento en caída, las prestaciones en tensión y un impacto federal que se siente en todo el sistema.
Por Walter Martello*
Ir a la nota original en https://waltermartello.com.r: click aquí
Por estos días, desde la Defensoría del Pueblo vemos con preocupación un fenómeno que no es nuevo. Pero sí cada vez más grave. Crecen de manera sostenida los reclamos vinculados al acceso a medicamentos y la cobertura de salud. Hoy ese es el principal motivo de consulta, con un aumento cercano al 70% respecto del año pasado y esto no es casual.
Detrás de cada reclamo hay una situación concreta, pero también una explicación estructural que no puede soslayarse. En el caso del PAMI, esa explicación está directamente vinculada con su esquema de financiamiento.
El instituto se sostenía sobre tres fuentes principales. Una era el impuesto PAIS, que aportaba recursos directos y que hoy ya no existe. Otra eran los aportes de las y los jubilados, que también registran una caída en términos reales como consecuencia del deterioro de los ingresos. La tercera era la asistencia del Tesoro nacional.
En este último punto se observa el dato más contundente. En el primer trimestre del año, la transferencia del Tesoro al PAMI cayó el 57,7% en términos reales. A eso se suma una menor recaudación del sistema de seguridad social. El resultado es evidente. En el primer bimestre, las prestaciones del instituto registraron una caída del 29,8% interanual en términos reales.
“Lo que algunos presentan como problemas de gestión o situaciones aisladas tiene, en realidad, un origen mucho más profundo.”
No hay forma de que un sistema funcione en estas condiciones. Cuando se recortan simultáneamente las principales fuentes de financiamiento, lo que aparece después no es una sorpresa. Surgen atrasos en los pagos, aumento de la deuda con prestadores, dificultades en la provisión de medicamentos y una atención que empieza a resentirse.
Lo que algunos presentan como problemas de gestión o situaciones aisladas tiene, en realidad, un origen mucho más profundo. Este escenario se inscribe en una política económica que prioriza el equilibrio fiscal en un contexto de caída de ingresos.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo se compatibiliza ese objetivo con la sostenibilidad de los sistemas de protección social? En un contexto donde desde la cartera de Salud expresan abiertamente que los mayores de 80 años son una carga enorme para el sistema. Porque el PAMI no es una partida más del presupuesto. Es el principal sostén del acceso a la salud para millones de personas mayores. Y lo que ocurre allí no está aislado.
La situación a nivel nacional
En el interior del país, donde la oferta de servicios es más limitada, el impacto se vuelve todavía más visible. Prestadores que restringen la atención. Profesionales que dejan de tomar pacientes. Prácticas que se postergan o directamente se interrumpen. Cuando los pagos se atrasan durante meses, y los valores quedan por detrás de los costos reales, el sistema empieza a funcionar al límite.
Ya hay señales concretas en distintas provincias como Santa Fe, Río Negro y Córdoba. Restricciones en la atención oftalmológica, advertencias de clínicas y sanatorios, farmacias que alertan sobre dificultades para sostener la cadena de provisión de medicamentos. En muchos casos, el problema no es solo la demora sino la acumulación de deudas en un contexto de inflación y aumento de costos.
A diferencia de otros momentos, hoy ese margen de absorción prácticamente no existe. Donde antes había cierto colchón financiero, ahora hay estructuras que funcionan con lo justo o directamente en situación de riesgo. Y cuando un prestador cierra o reduce su capacidad, no hay reemplazo inmediato, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos.
Incluir salud
En paralelo, el sistema de Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con pensiones no contributivas, en su mayoría personas con discapacidad, atraviesa una situación igualmente crítica. Las demoras en los pagos, que en algunos casos se extienden por meses, están generando un deterioro acelerado del entramado prestacional.
Se acumulan deudas, se atrasan honorarios, se compromete el pago de cargas sociales y comienzan a cerrarse espacios de atención. Cuando eso ocurre, no se trata solo de un problema administrativo. Se cae una red de cuidados que después es muy difícil reconstruir. El dato es especialmente sensible porque afecta a dos de las poblaciones más vulnerables, personas mayores y personas con discapacidad.
En ambos casos, el acceso a medicamentos, tratamientos y prestaciones no es un aspecto accesorio. Es una condición básica para sostener la calidad de vida. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos la responsabilidad de señalar estas situaciones, pero también de advertir sobre sus consecuencias.
No se trata solo de números ni de partidas presupuestarias. Se trata de decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas. El equilibrio fiscal puede ser un objetivo legítimo. Pero no puede alcanzarse a costa del deterioro de los sistemas que garantizan derechos básicos.
Lo digo con claridad y desde la responsabilidad que me toca. No podemos naturalizar que el ajuste recaiga sobre quienes más necesitan del Estado. No podemos mirar para otro lado cuando empiezan a fallar los mecanismos que sostienen el acceso a la salud. Porque cuando eso ocurre, lo que está en juego es algo más profundo. Tenemos derechos. Y los debemos defender.
Dejar una respuesta