La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su “preocupación institucional ante la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI) y el impacto que ello genera sobre el derecho a la salud de las personas mayores”. En una comunicación les pidieron a las autoridades competentes (el gobierno nacional), entre otros temas, que regularicen deudas. Y garanticen asistencias que son legales y no cumplen. Advierten, asimismo, que “la persistencia de esta situación configura una vulneración concreta y actual de derechos constitucionales de los adultos mayores”.
ADPRA expresó su preocupación por la situación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI). La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), reúne a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país.
Las defensorías son organismos autónomos que protegen los derechos ciudadanos frente a la administración pública. En nuestra región Vicente López tiene Defensoría del Pueblo, a cargo de la abogada María Celeste Vouilloud. Municipios como Tigre y San Isidro, también en nuestra región, tienen delegaciones de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
En el caso que nos ocupa, ADPRA relevó la gestión del gobierno nacional con el INSSJP-PAMI, a nivel país. Y evaluó negativamente “el impacto” que la mala gestión genera “sobre el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura se encuentra directamente vinculada al acceso a beneficios jubilatorios o previsionales”.
Demoras falta de pagos y más
Por un lado, la entidad, con presencia en varias jurisdicciones, reveló “un incremento sostenido” de diferentes reclamos vinculados a la atención de las personas mayores. Por caso enumeraron en una comunicación: “demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos. Falta de acceso a la provisión de medicamentos e insumos”.
También, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación. Esto, por caso, explicaron, está asociado “a condiciones de retribución irrisorias, que afectan la sostenibilidad de la red prestacional”. Asimismo, detectaron “problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera”.
Pero no solo eso. También localizaron “problemas en la relación con prestadores de servicios de salud vinculados a condiciones de contratación y pago”. Y “deudas millonarias del Gobierno Nacional con los prestadores de salud en todo el país”. Las áreas son responsabilidad del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Para las y los defensores: “La implementación de la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en el pago por cápita, ha generado un recorte efectivo de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado el paro nacional”.
Atrasos injustificados
Desde ADPRA, asimismo, señalaron que “de no revertirse la medida” los profesionales de la salud “abandonarán la cartilla”. A esta situación amenazante para los mayores, explicaron, “se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia que en algunas jurisdicciones acumula más de seis meses de atraso”.
Las defensorías, asimismo, observaron que esta situación sucede “poniendo en riesgo la continuidad de la red prestacional en todo el territorio nacional”. Y evaluaron: “El origen de esta situación se encuentra en decisiones adoptadas en la conducción del INSSJP-PAMI que evidencian falta de previsibilidad, dificultades de implementación e inconsistencias”.
También señalaron en la comunicación que tales decisiones “comprometen el acceso a prestaciones esenciales y generan incertidumbre tanto para los prestadores como para las personas afiliadas”. Y pusieron el acento en el desfinanciamiento sistemático que aplicó el gobierno nacional (algo que repite en otros sectores vulnerables: discapacidad, niñeces).
“El desfinanciamiento del organismo –explicó la comunicación de las y los defensores del país reunidos en ADPRA- impacta de manera desproporcionada en personas mayores que dependen estructuralmente del sistema, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado tiene el deber de revertir de forma inmediata”.
Falta de transparencia
Y en este contexto, la entidad exhortó a las autoridades a “que adopten con carácter urgente, medidas orientadas a regularizar los pagos adeudados a prestadores en todo el territorio nacional; derogar o revisar la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE en diálogo con los representantes de los profesionales de la salud”.
También a “garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos, insumos y rehabilitación” en el país; “restablecer previsibilidad y transparencia en el financiamiento, la contratación y la autorización de prestaciones; asegurar una retribución justa, real y oportuna a los prestadores que garantice la sostenibilidad de la red de atención”.
Asimismo, a “garantizar canales de atención personalizada para afiliados, sin limitarse a vías digitales que excluyen a quienes no tienen acceso”; y “promover la articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones locales para el funcionamiento efectivo del sistema”. Sin duda, se trata de una situación que no admite dilaciones ni excusas.
Para ADPRA “la persistencia de esta situación configura una vulneración concreta y actual de derechos constitucionales de los adultos mayores”. Y en esta línea advirtió “que resulta impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención”.
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