Finalmente, el gobierno nacional pudo firmar su “pacto de mayo”. Que le costó se nota desde el momento que esperaba firmarlo en mayo, con una ley bases completa; y solo pudo firmarlo un mes y medio después con un mero resumen de aquella ley -tan perjudicial como el original, eso si-. En esta nota, el abogado patagónico Prado primero pone en tela de juicio la concepción de “pacto” cuando se trata de imponer y no de consensuar ideas. Luego cuestiona los valores del pacto con relación a los valores preexistentes dentro de la democracia occidental, desde la Revolución Francesa.
Por Juan José Prado (h)*
Resulta complejo. Ya que la primera sensación sobre el planteo de un pacto desde el gobierno nacional, para una persona bien pensada, es que sí es necesario un consenso político, sobre una base axiológica clara, que respete los parámetros de la Constitución Nacional, para gobernar.
No soy ingenuo. Si el Justicialismo, que hasta hace poco gobernaba, tuvo que contener pensamientos no solo no coincidentes sino contradictorios dentro de sus propias filas. Qué pensar, entonces, cuando se salta la valla de los propios, para intentar construir consenso con quienes “no piensan como uno”.
La segunda sensación es que los estándares programáticos no pueden establecerse a la fuerza. O imponerse sin una base mínima de consentimiento generalizado. Sin esa base, el fracaso está a vuelta de hoja. Estas primeras reflexiones, así planteadas, presentan un panorama altamente frustrante. Y no es cuestionable que sea así.
La salida estará entonces en procurar un consenso ya no de programas sino de valores. Pensemos en la Revolución Francesa. Quién puede hoy discutir aquellos valores. La Declaración de los Derechos del Hombre fue el punto de partida de un paradigma que obligó el replanteo de la estructura social tal como se conocía hasta el siglo XVIII.
Esa declaración puede resumirse con la siguiente escala de valores: Vida, Libertad e Igualdad. Es notorio el desarrollo de esa escala en todo su texto. Y queda para el final un punto de importancia que es la propiedad (art 17). Así se constituyó la estructura básica de los criterios de convivencia para la sociedad occidental, a través de la construcción de los derechos humanos.
“La propiedad no puede estar
por sobre la vida, la libertad, y la igualdad”
Pero el presumido pacto de mayo tiene una alteración de aquellos estándares vigentes actualmente. Pues antepone la “propiedad” a todo otro aspecto. No vamos a discutir la importancia de la propiedad. Pero no para todo el mundo es igual. La iglesia, y las doctrinas socialistas, ponen en duda su valor absoluto. Pero si observar que en la Declaración del siglo XVIII la propiedad no era lo primero.
La propiedad no puede estar por sobre la vida, la libertad, y la igualdad. Y anteponer la propiedad en la escala no es menor. Pues entonces un delito contra la propiedad podría tener mayor sanción que el delito de reducir a un ser humano a la servidumbre. Y en lo político se podría aceptar que los recursos del Estado vayan primero a garantizar la propiedad y luego recién la vida, la libertad y la igualdad.
Por ese punto esta convocatoria debiera ser rechazada de plano. Pues antepone “la propiedad privada” a valores supremos de la sociedad humana como la vida, la integridad física, y la libertad. Señores gobernadores, legisladores, debieran pensar cuando suscriban el documento, amén de su escaso valor jurídico.
Esta última manifestación también condiciona la validez del pacto de mayo. Pues al alterar valores, que ya están claramente establecidos en la Constitución Nacional, y en las distintas Constituciones provinciales, solo hay que hacerlos respetar como manda la Constitución Nacional.
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