El actual presidente intenta eliminarlas a través del Presupuesto 2026. Dado que no pudo evitar que se convirtieran en leyes que está obligado a cumplir. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el Ejecutivo incorporó en las modificaciones del Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario.
Con una secretaria de Estado involucrada de manera directa en la corrupción descubierta en la Agencia de Discapacidad ANDIS, el gobierno nacional quiere sacarse de encima el tema a toda costa. Está obligado a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, y para eludir la obligación pergeño la incorporación de un artículo en la Ley de Presupuesto.
El artículo 75 –del proyecto de Presupuesto 2026- deroga las leyes 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y la Ley 27.795, de financiamiento de la educación universitaria pública. Sin embargo, desde el Foro de la Discapacidad denunciaron que el dictamen aprobado para el tratamiento del presupuesto en el Congreso no lo tenía. Lo agregaron posteriormente.
“Este cambio –señalaron en una comunicación desde el Foro- no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso”. Y lo ocurrido, entonces, señala la reconocida entidad “constituye una maniobra grave que busca avanzar en la eliminación de derechos sin debate público ni transparencia institucional”.
Atraso arancelario
El Foro, además, explicó que en el artículo 76, “se intenta, de manera parcial, dar una respuesta a los prestadores mediante el establecimiento de un aumento trimestral, a propuesta del Directorio del Sistema Único de Prestaciones”. Pero si tal directorio no se reúne, se utilizará el índice de inflación IPC y la cartera de Salud dispondrá el aumento.
Lo que está claro es que hay una ley que la gestión Milei no cumple. Así, sin más. Y ahora busca una argucia para derogarla. Porque no hay, ni el gobierno tiene argumentos, para no cumplir con una ley que se aprobó, promulgó, se publicó y el gobierno nacional debe cumplirla ¿Se sabe qué hacer con quienes no cumplen con las leyes? Si. Se sabe.
Por otra parte, desde el Foro de la Discapacidad explicaron que, si, de todos modos, se deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad -no cumplida- “se perdería la compensación establecida para cubrir la diferencia entre el aumento de los aranceles y el IPC del período diciembre de 2023–diciembre de 2024”, que el actual gobierno tampoco pagó.
Además, entonces, quedaría sin efecto la medida que establecía el aumento de aranceles a partir de enero de 2025 y las actualizaciones mensuales según el IPC. El Foro observó que “esta decisión implica no reconocer ni que se pague la totalidad del atraso arancelario generado por el actual gobierno”, ni siquiera por otra gestión.
Variable de ajuste
Por caso, informaron que a agosto de este año el atraso del actual gobierno “alcanzaba el 70%, profundizando la crisis del sistema de prestaciones”. Y también, revelaron, “se deja de lado (…) un aumento del apoyo mensual que reciben las y los trabajadores de los talleres protegidos”. Lo cual afecta “de manera directa sus ingresos y condiciones de vida”.
El Foro hace evidente que la derogación “olvida a las personas con discapacidad en situación de pobreza que se veían reconocidas en la nueva figura de pensión creada por esta ley”. Y lo dijeron con todas las letras, es “un nuevo ataque a las personas con discapacidad, sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales”.
Y desde ya, “una clara falta de respeto al Congreso Nacional y a los mecanismos democráticos”. Ayer martes, recordaron desde el Foro, “comenzó la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ámbito en el que se está discutiendo esta modificación regresiva”. El Foro, entonces, exige que las y los legisladores asuman su responsabilidad.
Está claro que las y los legisladores deben evitar la trampa de la gestión Milei. El presupuesto 2026 debe ser rechazado en esas condiciones. Una derogación encubierta de leyes vigentes es ilegal y extemporánea ¿Las y los legisladores van a ser cómplices de esa estafa del Ejecutivo? El Foro también lo dice: “Las personas con discapacidad no pueden ser una variable de ajuste”.
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