Por Víctor Bruzzoni*
Redactor especial
Se promulgo y se publicó en el Boletín Oficial, finalmente, el proyecto aprobado por el Congreso Nacional sobre la reforma a la histórica Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744. La promulgación –que la pone en vigencia- se concretó a través del Decreto 137/2026, en uso de las facultades que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 78 de la Constitución Nacional.
La flamante ley quedo registrada en la Dirección Nacional de Registro Oficial bajo el Nº 27.802. Consta de 25 capítulos. Se anularon algunos del proyecto original, como el referido al régimen de licencias médicas. Se esperaba que por el tenor y la complejidad de la norma el Ejecutivo se iba a tomar más tiempo en la promulgación, pero no fue así.
Cambios en el sistema de indemnizaciones, la estructura salarial, vacaciones y jornada laboral, asimismo, ajustes en la negociación colectiva y en el funcionamiento de los sindicatos, así como aspectos del régimen de empleo y funcionamiento del sistema laboral, serán las reglas vedette de impugnación -seguramente- por su inconstitucionalidad.
El trabajo es la parte fundamental de la vida de las personas y sus relaciones. Influye sobre la sociedad toda. Tanto el salario del trabajador como sus derechos son inalienables y casi naturales a la supervivencia. Con más razón en las sociedades de consumo como la nuestra. No olvidemos que el trabajador es promotor de producción, inversión y consumo.
Sistema de precarización
Esta norma, consolida un sistema de precarización redefiniendo las condiciones de trabajo con traslado de riesgos. En 2025 casi la mitad de los trabajadores (43%) se encontraban en la informalidad, cifra que se eleva al 70% en los más jóvenes. Esto por el estancamiento del empleo privado y falta de políticas concretas y explicitas para su creación.
La registración laboral se empobreció por la informalidad. En varios rubros, como la construcción, el sector agropecuario, el comercio minorista, las plataformas digitales, es situación conocida. No es un dato menor, porque a ello le sigue la reducción generalizada del salario y los ingresos, lo cual trae más pobreza.
A simple vista, con una lectura de tipo economicista, resulta difícil comprender la nueva ley y resultará difícil aplicarla. El modelo que propone impactará de lleno en la organización familiar y la empresa en orden a la crítica situación económica por la que atraviesa la Argentina, más allá de los deseos de los administradores de turno.
Deberían saber los legisladores que cualquier reforma de esta índole redefine derechos, garantías y obligaciones. Y que la creación de trabajo es fundamental para la economía de un país. También para avizorar qué tipo de vida va a ser considerada posible, accesible y aspiracional para la sociedad. Veremos cómo transita esta ley y qué resultados produce.
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