Por Juan José Prado*
En abril 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), y el ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof –actual gobernador de Buenos Aires- se dispuso la estatización de la empresa YPF. Por entonces estaba en manos de Repsol. La medida dispuso la estatización del 51 por ciento para la Nación y el 49% para las provincias productoras.
De esa forma el gobierno nacional pretendía la recuperación soberana de la energía petrolera y gasífera. Esto, tras la mala experiencia de privatización con REPSOL. Aprobada por el Congreso Nacional se logró la medida del Ejecutivo. Que implicaba abonar U$S 5.000 millones a los accionistas conforme cálculos pertinentes y ajustados a la Constitución Nacional –de la Argentina- y al Estatuto de YPF.
Un grupo de fondos buitres, desde los EEUU, consiguió articular una acción que alegaba “derechos” de accionistas minoritarios al momento de la expropiación. La cuestionaba. Y un tribunal de EE. UU, a cargo de la jueza, Loretta Preska, tomó en cuestionamiento. Y lo hizo desconociendo el acto soberano de la República Argentina en 2012.
Pretensiones de especuladores
La jueza norteamericana les dio lugar a las pretensiones de los especuladores internacionales. Y dispuso una reparación de U$S 16.000 millones. Ahora acaba de conocerse que el Tribunal Superior de Nueva York (EEUU), como resultado de la apelación de la defensa argentina, dispuso la revocatoria de la medida de Lorena Preska.
El tribunal superior a Preska reconoció que la expropiación efectuada durante el gobierno de CFK, por impulso del ministro Kicillof, entonces, resultaba un acto soberano ajustado a la Constitución Nacional de la Argentina y los términos del Estatuto de la empresa YPF. Esto ya lo había dicho Kicillof por entonces: no somos norteamericanos ni una colonia (mal que les pese a algunos).
Como ministro de Economía, Kicillof explicaba que la normativa que invocaban los fondos buitres (un artículo perdido del estatuto de YPF, sobre accionistas minoritarios) no podía tener mayor jerarquía legal que una ley aprobada por el Congreso de la Nación de la República Argentina, sobre la base de su Constitución Nacional.
Sin duda se trata de un logro de la Argentina. Y muy mal haría el actual gobierno en hacer creer que se trata de una gestión actual la que logró el fallo. Aunque intente tapar con eso los viajes de vacaciones de su jefe de Gabinete; el estancamiento de la economía; o las andanzas publicitarias del Ejecutivo con la moneda virtual Libra.
Soberanía nacional
Porque, particularmente, resultaron eficaces en el juicio en los EEUU, los argumentos de la defensa argentina. Que no nacieron de un twit en X de los últimos dos años. Sino de una estrategia legal que se inició y se llevó a cabo a lo largo de las gestiones de los últimos cuatro gobiernos: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y también, J. Milei.
El fallo no surge de lamerle los zapatos a Trump, o al mandante de turno en los EEUU. Sino que surge –y esto sí debería atender la actual gestión- de que se reconoce internacionalmente la legalidad de los actos de gobierno de cualquier país. Y que la Argentina, más allá de quien gobierne, se considera un país soberano.
El fallo, en definitiva, puede leerse como una respuesta más a quienes olvidan los principios republicanos, en especial el de soberanía territorial. Y no deja de poner en evidencia la mirada de los cipayos que condenaron, con antelación, el acto de un gobierno popular que pensaba en el bienestar de los destinatarios de la riqueza local.
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