Solución audaz para Milagro Sala

El abogado Prado, con una expertise sólida y reconocida en derechos humanos, explica que un indulto del Poder Ejecutivo Nacional a Milagro Sala, por lo evidentemente injusto de su condena por razones políticas, en el contexto del corrupto régimen jujeño, en principio es inviable por razones de jurisdicción. No obstante, revela que hay  jurisprudencia que avala tal indulto. Pero para concretarlo, concluye Prado, hace falta una decisión audaz del presidente de la Nación, Alberto Fernández..

Por Juan José Prado*

Se promueve un reclamo popular a favor de un indulto presidencial para Milagro Sala.  El reclamo se concentrará entre hoy y el viernes, con manifestaciones y un acampe en la Plaza de Mayo. Han transcurrido, al momento de hacer estas líneas, más de 2.500 días de detención injusta e ilegal de la dirigente política jujeña.

La detención es fruto de la incapacidad política, y también el odio de clase, de alguien sin escrúpulos, que no hubiera podido gobernar en Jujuy sin Milagro presa. En este contexto se discute si corresponde un indulto, medida especial de una autoridad política competente. Y tal indulto también es materia de polémica jurídica.

Nuestra Constitución Nacional, en su art. 99 inc. 5to, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a “indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.

La sentencia en cuestión, que viola los derechos fundamentales de Milagro, fue dictada por un amañado tribunal provincial jujeño. Se argumentaron garantías de las instituciones provinciales, conforme la Constitución dictada por la provincia de Jujuy y de acuerdo a lo previsto en el art.5to de la Constitución Nacional, que dice: “…el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones…”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, lejos de ser lo que debe ser,
se ha convertido en el órgano supremo del partido judicial.”

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este máximo tribunal toma conocimiento mediante recurso extraordinario interpuesto conforme la Ley 48 que permite su intervención contra la sentencia del más alto tribunal provincial. Su fallo es consecuente con la persecución judicial a Milagro.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, lejos de ser lo que debe ser, se ha convertido en el órgano supremo del partido judicial. Las causas judiciales promovidas contra Milagro, violatorias del debido proceso,  han sido y son la instrumentación de un asedio político implacable.  Esto es algo que el gobierno jujeño no puede esconder.

No es solo la opinión de quienes destacan la figura de Milagro o de sus partidarios. Sino del organismo internacional que intervino en el estudio, análisis y conclusión de las causas promovidas contra Milagro, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la Organización de los Estados Americanos.

Ese organismo internacional señaló aspectos técnicos violatorios del principio del debido proceso y la corruptela del Poder Judicial jujeño. Y este contexto, en su pronunciamiento hecho saber a la Cancillería argentina, consideró que no corresponde la detención carcelaria de la víctima, sino en todo caso, en su domicilio.

“(…) el indulto a Milagro, por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
depende de una decisión audaz.”

Ahora bien, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, no obstante lo justo del pedido popular de un indulto presidencial para Milagro, no es jurídicamente viable. Sin embargo, más allá de la viabilidad, existe un antecedente en la materia de indulto presidencial por delito fuera de la jurisdicción federal.   

Ese antecedente es el indulto que en su presidencia dictara, Eduardo Duhalde, el 24 de Enero de 2002. Según el decreto 181/2002. El beneficiario de ese indulto fue al abogado, Alejandro Vecchi, condenado en la ciudad de Buenos Aires por delito de estafa, veredicto pronunciado por tribunales de la jurisdicción ordinaria de la CABA.

La condena se interpretó como una persecución judicial al que fuera letrado de la familia de José Luis Cabezas, mandado a asesinar por el mafioso Yabrán. El indulto a Vecchi se fundaba: “no solamente los aspectos técnicos sino el superior objetivo de contribuir a la paz social y a la reconciliación de los argentinos con  sus instituciones”.

En conclusión, el indulto a Milagro, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, depende de una decisión audaz. De un presidente que sepa comprender la magnitud de la injusta persecución judicial en el marco institucional corrupto de la provincia de Jujuy. Ello contribuirá  a la verdad, a la justicia y a la paz social.

*Abogado. Ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires AABA. Miembro de la Mesa Directiva de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Gran Maestro de la UBA.