Se conoció el viernes último que el juez federal, Federico Villena, aceptó un pedido de la Justicia de EEUU para incautar el avión venezolano de Emtrasur demorado hace un par de meses por una investigación por presuntos nexos terroristas. Para el abogado Prado es otro paso en falso de una Justicia que se atiene más a los medios de comunicación que a la ley. Dado que el juez Villena no logró determinar la existencia de delitos o terroristas. Entonces acatar el pedido del juez -el de Columbia EEUU, sin jurisdicción en nuestro país, no tiene consecuencia jurídica pero sí política. Y lo hace para meter a la Argentina en un embrollo diplomático. .
Por Juan José Prado*
Es noticia del día (por el viernes último), la decisión judicial de un magistrado sobre un avión venezolano. De esa decisión surge que desconoce, o tal vez quiere eludir, los límites de nuestra soberanía. Es decir, la jurisdicción determinada en las normas que rigen el poder de “Decir Derecho”. Somete la sana crítica que él posee, a lo que dispone un tribunal extranjero.
En el campo del derecho conocemos que la sana crítica es un sistema de valoración de prueba libre. Además, existen, y le dan materialidad a la sana crítica, una serie de reglas para orientar la decisión sobre la fuerza probatoria de las declaraciones y pruebas que presentan las partes. Es claro que este juez somete su sana crítica.
El juez de marras acata la decisión de un juez extranjero sin jurisdicción en nuestro país. Además el juzgado de Columbia (EEUU) no cumplió, ni pensará en cumplir, con el “execuator”, que es un proceso jurídico que determina si una sentencia de un juez de otro país, debe ser reconocida en nuestro país según nuestras propias normas.
Pero el juez argentino no solo se subordina intelectualmente. Sino que, se abroga una función de la cartera de Relaciones Exteriores. Compromete la política internacional del Poder Ejecutivo. Y sostiene la entrega de un avión extranjero, a otro país que invoca la no probada participación en la Argentina en actividades terroristas.
Porque el propio presidente de la Nación Argentina dijo públicamente ante los medios de prensa que no había irregularidades en el Boeing 747 con iraníes y venezolanos, en función de la información que maneja su gobierno. El de la Argentina. Mal que les pese a Clarín o a La Nación no es delito, todavía, ser ciudadano iraní o venezolano.
“La conclusión es que se trata de un absurdo judicial”
Por esa razón, el juez para la tribuna puede “aceptar” lo que pide el juez extranjero. Pero su aceptación es para la tribuna, sin valor judicial. Igual que todas las respuestas dadas a la DAIA y a los otros denunciantes. En el mundo real, por inexistencia de delito, deberá dirigirse al Poder Ejecutivo para preguntarle qué hace con el avión.
En definitiva esto es lo que pasó con el avión. Un Juez y una Fiscal que, como dijéramos en nuestro artículo sobre “Inseguridad Jurídica”, guiados por los grandes medios de comunicación, inician una investigación judicial en un expediente carente de caratula. Se incauta una aeronave. No hay imputación alguna.
Pero se detiene a los pilotos. La mercadería transportada, por falta de delito, debe y es entregada a los destinatarios del viaje comercial. La conclusión es que se trata de un absurdo judicial. Al margen de la Ley. Pero es obvio. Son los grandes medios, amén de organismos de seguridad extranjeros, de EEUU, los que toman las decisiones.
El Poder Ejecutivo, en tanto, se enfrenta a una opinión judicial identificada con un dictamen de un juez extranjero -el de Columbia EEUU- que le dice que debe mandar el avión a los EEUU, sin orden judicial. Y por otro lado, tiene ante sí el reclamo de Venezuela, como propietario de la aeronave en cuestión.
No pretendemos ser repetitivos. No puede un país permitir que la administración de justicia se maneje a conveniencia. Ni de alguna de las partes, ni de algún país extranjero. Se debe recurrir al artículo 36 de la Constitución Nacional. Y más que nunca cuando además se pone en juego hasta la soberanía de nuestro país.
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