El Deliberativo homologará un convenio entre la Asociación Escuelas Lincoln (AEL) –un instituto de educación que cobra a sus alumnos para estudiar- y la intendencia. El municipio, entonces, cederá el uso y goce de 2,5 hectáreas. Son tierras en la costa pública, a la altura de La Lucila, que ni siquiera son de dominio de la comuna, sino de la provincia. En una foto aérea se ve, por ejemplo, una pista de atletismo que seguramente el alumnado en sus cuotas mensuales paga por usar. La entidad pagará U$S 4.500.000 por el uso exclusivo por 30 años.
Vecinos que integran la Movida Ambiental Vicente López hicieron público que el 20 de noviembre último la intendencia de Vicente López –la intendenta Soledad Martínez- giró al Deliberativo el expediente 451/25 EEMVL 4580/25. El cual homologa un convenio firmado el 17 de marzo último, entre la Asociación Escuelas Lincoln (AEL) y la municipalidad.
Se trata de un predio en la costa pública de Vicente López. Está a la altura de La Lucila, donde la Escuela Lincoln montó, por ejemplo, un campo deportivo y usa de manera exclusiva, tras un convenio similar que venció este año. Por el traspaso del uso y goce la entidad pagará US$ 4,500.000, por los 30 años, algo que los vecinos consideraron “una ganga”.
Para las organizaciones vecinales el colegio Lincoln es de elite y con las cuotas que cobra, la suma que pagará “es irrisoria”. Desde Movida Ambiental Vicente López informaron que el 27 de noviembre último el proyecto pasó por las comisiones de Administración Justicia y Legislación General AJYL y tratamiento de la Zona Costera del Deliberativo.
Este jueves en la sesión
Y quedó listo para ser tratado en la sesión del jueves 4. Ante la situación las organizaciones locales que conforman la Movida Ambiental Vicente López pidieron que no se renueve el permiso. Y las tierras vuelvan a ser para uso y goce de la comunidad. También analizaron el cumplimiento de los convenios firmados antes, desde el año 2020.
Por caso, según señalaron, en 1993 la municipalidad de Vicente López firmó el convenio original (aprobado por Ordenanza nº 8742). Por el cual la escuela privada instaló allí su campo de deportes, Así se afectaron negativamente las características de esas tierras provinciales. Y que forman parte del Área de Preservación Ecológica (APE 1) en la ribera.
La institución, entonces, recordaron los vecinos, rellenó la costa artificialmente con escombros y tierra “en forma irregular”, además, “sin respetar la línea de ribera y sin autorización provincial. Las obras –asimismo- avanzaron sin que hubiera mediado permiso o comunicación alguna a la Dirección Provincial de Hidráulica”, revelaron.
Además, revelaron que en su cláusula 10 el convenio establecía que “quedará ipso facto disuelto, sin responsabilidad alguna de la Municipalidad «concedente», si la Provincia de Buenos Aires rechazara la conformidad del convenio a que alude la Cláusula Quinta, entendiéndose plena y total la exoneración de responsabilidad en tal supuesto”.
El incumplimiento, entonces, se halla en que la Provincia no convalidó aquel convenio. Pero la escuela privada Lincoln siguió disponiendo del predio de 2,5 hectáreas sin autorización. A raíz de este incumplimiento la Defensoría del Pueblo de Vicente López – a cargo de Carlos Constenla en aquellos años- estudió en profundidad en convenio, recordaron.
Naturalista Barbetti
Corría el año 1999. Lo hizo a través de un pedido del naturalista, Ricardo Barbetti, vecino de La Lucila; en aquel momento jefe de la Dirección de Protección Ambiental y Educación Conservacionista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y miembro del Comité Argentino de Conservación de la Naturaleza.
En febrero de 2000 la Defensoría dictó la Res. 79 en la cual se indicaban distintos cuestionamientos con relación al cumplimiento del colegio privado. Pero los gobiernos municipales dejaron hacer. Por tal motivo, desde 2020 las asociaciones vecinales han solicitado a las y los sucesivos intendentes, que no se prorrogue el beneficio a la escuela.
Las organizaciones vecinales, asimismo, solicitan que “se pueda recuperar ese espacio para el uso público”. Y proponen que “una parte de la tierra podría aumentar la superficie del parque ribereño del entorno”. Y la otra “ser incorporada a nuestra pequeña reserva ecológica municipal”. Está claro que no quieren que se prorrogue el beneficio a la escuela.
También destacaron que los pedidos se realizaron “con el tiempo suficiente para que la AEL pueda encontrar otro lugar para su campo de deportes y devolver el predio a la comunidad” local. Para las organizaciones de la Movida Ambiental, “el mal uso del predio por parte del colegio, suma a la degradación y pérdida de áreas naturales” que sufre el municipio.
Falta de acceso a la información pública
Asimismo, mostraron su preocupación por “la gran escasez de espacios verdes públicos de calidad por habitante”. Para las organizaciones de la Movida Ambiental “Es un pedido de justicia socioambiental: porque es un predio que hoy sólo usa una de las escuelas más exclusivas del país (de altas cuotas en dólares) en detrimento de la sociedad”.
También destacaron que la zona “es un área con potencial de restauración y protección a largo plazo. Muy necesaria en estos tiempos de emergencia ambiental”. Los vecinos, asimismo, mostraron su descontento pues “Volvimos a pedir información y plantear nuestra solicitud a la Intendenta Soledad Martínez” y “Nunca respondió la nota que presentamos”.
Y evaluaron que “la falta de acceso a la información pública en Vicente López es de suma gravedad. Muy raramente se responden las notas de los ciudadanos. Tampoco la Defensoría del Pueblo (local) agiliza nuestros reclamos ni nos ayuda en la búsqueda de soluciones”. Además, destacaron que “bregamos por el cuidado de la Casa común”.
Para las organizaciones de la Movida Ambiental: “Con la firma de este convenio a puertas cerradas y haciendo oídos sordos a numerosos reclamos, no se está respetando al Pueblo de Vicente López”. También señalaron que buscan “elevar los niveles de democracia, transparencia y rendición de cuentas especialmente en asuntos ambientales (…)”.
juan jose prado
Interesante cuestion politica. Si existe la norma que determina de quien es el titular de las tierras- ¿PORQUE, no se respeta la Constitución provincial y las normas dictadas por la LEGISLATURA bonaerence? El Concejo de Deliberantes debe aplicar las mismas e imponerlas al Ejecutivo. El Estado debe velar por el MEDIO AMBIENTE en las decisiones que pretendan alterarlas.