Es por la represión que desató el gobierno jujeño, que encabeza Gerardo Morales, contra docentes que reclaman mejores condiciones de trabajo, pueblos originarios que denuncian anomalías ambientales con la extracción de litio y, en general, contra sus opositores políticos. Días atrás el director de cine y activista ambiental canadiense, James Cameron, que pasó por Jujuy y la gobernación lo invitó a recorrer algunos lugares de la provincia, acusó a Morales de “usarlo” para darle buena publicidad a la extracción del litio.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se pronunció, junto a su Regional en Jujuy, y numerosas organizaciones sociales y políticas, contra la reforma constitucional que propició la gobernación. Para el organismo, que tuvo entre sus miembros al expresidente Raúl Alfonsín, se trata de “un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos”.
Como revelaron distintas entidades sociales, sindicales y políticas jujeñas, la reforma constitucional de Morales, señaló la APDH, restringe el derecho a la protesta social, a la participación. También coarta la movilización pacífica, y profundiza el carácter autoritario de la representación política actual. Ante esto en los últimos días se hizo escuchar la sociedad.
Por caso, la APDH evaluó que “este repudio ha sido generalizado en todo Jujuy”. Y destacó que frente a la situación “el gobierno de Gerardo Morales ha ordenado una brutal represión que violenta todos los principios constitucionales y las garantías emanadas de nuestra legislación vigente”. Además, describió una situación por demás anómala en la provincia.
“Decenas de detenidos -denunció la APDH en la comunicación donde anunció que va Jujuy- también incertidumbre por el paradero de al menos dos manifestantes denunciados como desaparecidos. Heridos graves y leves”. Todo esto responsabilidad del accionar estatal en la provincia. Algo, que en rigor, no es novedoso ni recién iniciado.
Política autoritaria y antidemocrática
Desde la APDH recordaron que “el gobierno de Gerardo Morales inició esta política autoritaria y antidemocrática con la persecución a la Agrupación Tupac Amaru. Y el encarcelamiento de Milagro Sala, para quien seguimos reclamando el indulto presidencial”. Con relación a la actualidad, la APDH puso en tela de juicio que en Jujuy exista el Estado de derecho.
En esta línea la entidad consideró: “Las imágenes terribles de la represión sufrida en Purmamarca y Humahuaca son el sello político de una gestión que en forma permanente ha violentado el Estado de Derecho”. Y extendió su solidaridad para con los colectivos sociales y políticos de la provincia que sufren la represión del gobierno de Morales.
“Desde APDH -señaló la entidad- redoblamos la solidaridad con las y los docentes en huelga. Y con todas y todos quienes se movilizan para lograr la derogación de la oprobiosa reforma constitucional. Al tiempo que exigimos poner fin a la represión estatal. Disponer la inmediata libertad de las y los presos políticos, y la conformación de una mesa interinstitucional destinada a lograr la derogación de la reforma constitucional”.
Eduardo Tavani, presidente de APDH, junto a otras organizaciones de derechos humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -en persona su propio titular Horacio Pietragalla Corti- están en Jujuy para “llevar acompañamiento y solidaridad a las víctimas y exigir el inmediato cese de toda represión”, informó la APDH.
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