El organismo de derechos humanos provincial denunció las muertes de Lucas Nahuel Verón (18), perseguido y fusilado por la policía bonaerense en Villa Scasso, La Matanza; y de Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local en Chascomús, detenido solo por «resistencia» a la autoridad. «Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro (…)» advirtió el organismo.
Cambió el gobierno provincial, pero el accionar represivo poco claro de la policía bonaerense sigue intacto. La Comisión Provincial por la Memoría advirtió sobre la seguidilla de casos, que siguen ocurriendo con civiles como víctimas, con el denominador común de fuerzas de seguridad sospechosas, ya sea en la vía pública o en los calabozos de las comisarías.
La CPM denunció en una comunicación que «la madrugada del viernes, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scasso, La Matanza, el día de su cumpleaños«; y ayer viernes «falleció en Chascomús Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad».
La CPM lo dice con todas las letras: «Estos hechos que se conocieron en las últimas horas (…) significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa».
La Comisión es querellante en la causa Astudillo Castro, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, e interviene también en los dos casos referidos de violencia policial. Pro, a las vez muestra datos concretos y alarmantes en democracia: «en junio la bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes».
En la página web del organismo (www.comisionporlamemoria.org/) se puede obtener información en detalle sobre los casos. la CPM habla de «prácticas habituales» y ha podido construir qué tipo de víctimas cíviles son las que caen: «la mayoría de varones, jóvenes y pobres»; y además sostiene que se trata de prácticas que se han profundizado en el territorio.
Un tema que no es menor es el contexto de la pandemia y el aislamiento. Para la CPM antes que atenuarse la situación «viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel». En San Martín, en La Matanza, por citar zonas de nuestra región y cercanas, la CPM y las organizaciones de lucha contra la violencia estatal tienen presencia, se enteran de lo que pasa y actúan.
La metodología de los policías también es precisa. Disparan primero, arman escenarios, presionan a las víctimas que quedan vivas para que se autoinculpen de supuestos delitos, o como pasó con policías de la comisaría 1° de Tigre (donde actuó la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense), inventan causas con «damnificados» que jamas aparecen.
Caso Verón
En el caso de Lucas Nahuel Verón la CPM pudo conocer que el día de su cumpleaños de 18 el joven salió de su casa en moto a buscar gaseosas. Fue con otro chico. Cuando regresaban un patrullero comenzó a perseguirlos y a dispararles. «Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. «Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar«.
«También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto -reveló la CPM en la comunicación- recibió presiones y amenazas policiales para que declare que «venían de robar». Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, «se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos«.
Allí, también reveló la CPM, describieron de manera precisa el asesinato policial. La CPM informó que la Auditoria General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los dos agentes involucrados. Además destacó la intervención de la agrupación de derechos humanos, HIJOS, de La Matanza, para aclarar los hechos.
Otro punto que revela la CPM, motivo de más peligro para testigos y víctimas, es que la fiscalía, con excusas varias -«por falta de personal» o «porque estamos en pandemia»- manda a denunciantes y testigos a que declaren en la misma comisaría donde están los efectivos bajo sospecha (no aclara la CPM si es por complicidad, ignorancia o torpeza nomás).
En esta línea, para la CPM la detención y desafectación de los agentes del caso Verón (Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, según se informó), «marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones».
Caso Dávila
Sobre Raúl Dávila (22), detenido en la comisaría de Chascomús desde el 27 de junio último, por una causa menor, la CPM informó que ayer por la arde se conoció que falleció luego de un incendio en el calabozo donde estaba. Tenía el 50% del cuerpo quemado ¿Cómo llegó a ese estado dentro de un lugar a cargo de la policía? ¿Su caso era para permanecer encarcelado?
La CPM informó que tras una discusión cuasi familiar -con el padre de su novia- la policía detuvo al joven «por resistencia a la autoridad». Dávila por este «delito», según reveló la CPM, estuvo 14 días preso cuando no se podían superar las 48 horas. La Justicia (la mayúscula es pura convención de escritura) rechazó su excarcelación y le dictó prisión preventiva.
La Comisión Provincial por la memoria informó que la fiscalía había pedido 3 meses de prisión en suspenso y un juicio abreviado, por la pelea de Dávila que había desencadenado todo esto; y advirtió que el caso que le costó la vida al joven, «alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos».
La CPM considera que «El Estado es responsable por continuar con una política fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses». Sin embargo el tema se agrava en lugar de mejorar.
«Las muertes de Lucas y Raúl -advirtió la CPM- se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal«. Sin duda el ministerio de Seguridad bonaerense es el responsable de esta violencia.
Para el organismo de derechos humanos: «Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso«.
Además, la CPM evaluó que la cartera que encabeza Sergio Berni «debe asumir la responsabilidad de esta política» que exalta la centralización del mando policial, la gestión violenta en territorio y «provoca graves violaciones de derechos humanos». Para la CPM es «imperioso» que se revierta, apartar agentes sospechosos y garantizar el fin de estos hechos pues: «No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita ese accionar».
GC
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