Desde el Foro Permanente de la Discapacidad –entidad que reúne a personas con discapacidad, sus familias y prestadores- evalúan que los aumentos arancelarios aprobados por el gobierno aun “resultan insuficientes”. Y además no se conjugan con la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, que en uno de sus ejes dispone “dar respuesta a la grave situación que atraviesan los prestadores”.
En una comunicación con datos duros, porcentajes de aumento, inflación real, números del gobierno y disposiciones judiciales, el Foro evaluó: “Los aumentos arancelarios aprobados resultan insuficientes y continúan llevando a una situación crítica a los prestadores que garantizan la atención y los apoyos necesarios para las personas con discapacidad”.
El Foro recordó que uno de los ejes centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad (L. 27793/2025) “es dar respuesta a la grave situación que atraviesan los prestadores, a través de una compensación arancelaria y de la actualización de los valores de los aranceles”. Y que esto apunta a “sostener la continuidad de los servicios”.
La entidad que representa en todas sus aristas al sector de la discapacidad (personas, familias, prestadores) le reclama al gobierno “voluntad política (…) de sostener y fortalecer un sector que cumple un rol esencial, garantizando derechos y atención” a las personas con discapacidad. Y observa que estas no forman parte de las prioridades del gobierno.
En efecto, el gobierno (Milei) no solo vetó la Ley de Emergencia, sino que utilizó todo tipo de subterfugios para no cumplirla, una vez que el Congreso lo obligó, al rechazar el veto. No contento con eso –que afecta a las personas con discapacidad- la gestión Milei judicializó lo que pudo. Pero un juez obligó a que se deje de vueltas, y cumpla con la ley.
Compensación incompleta
En este contexto el Foro vio positivamente la reciente reglamentación para la regularización de deudas tributarias previsto en la Ley 27.793. “Esta medida –evaluaron- constituye un avance y un alivio para muchos prestadores”. Pues se logró “a partir de la lucha sostenida de las personas con discapacidad, las familias, los prestadores y la comunidad organizada”.
El Foro informa, asimismo, que actualmente se dirime en la Justicia una compensación de aranceles “correspondiente a la diferencia entre el porcentaje de aumento de los aranceles aprobados” desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el INDEC para el mismo período.
Informa que el artículo 13 de la Ley de Emergencia establece esa compensación. Y señala que, en su respuesta al Juez Federal de Campana, Dr. Adrián González Charbay, la Procuraduría de la Nación reconoció una diferencia del 10,5%. Sin embargo, los prestadores sostienen que dicha diferencia asciende al 27,79%.
Para el Foro, algo obvio, sea cual fuere el porcentaje, debe incluirse y sumar a la base de cálculo de actualización para enero 2025. Pero el organismo nacional responsable de la fijación de los aranceles –tras el cierre de la ANDIS-“tomó como referencia el arancel correspondiente a diciembre de 2024”, sin considerar la compensación de Ley.
En esta línea, El Foro reafirmó: “La base utilizada para el cálculo de los aumentos de las prestaciones no incorpora la totalidad de los incrementos inflacionarios registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 inclusive. Esta omisión distorsiona los valores arancelarios y consolida un atraso estructural en el sistema”.
Movilidades dispares e Incluir Salud
El Foro, asimismo, se refirió a las jubilaciones, pensiones y asignaciones para las personas con discapacidad. El artículo 14 de la ley –informó- establece que deberán ser actualizadas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 274/24. O por la norma que en el futuro lo reemplace, el cual determina el índice de movilidad aplicable.
Pero reveló que el aumento de noviembre de 2025 no contempló el mecanismo de actualización. Sino que el gobierno “aplicó incrementos dispares”, para algunas prestaciones el 29,79 % y para otras el 35 %. Si la inflación 2025 llegó al 31,5%, observaron, algunas de las prestaciones “mejoraron” pero otras profundizaron el atraso.
El Foro, además, se refirió al “atraso en los pagos de prestaciones por parte de Incluir Salud”. Se trata del programa federal de cobertura médico asistencial para las personas con discapacidad sin obra social. Y advirtió sobre “el persistente atraso en los pagos de las prestaciones (…) lo que agrava aún más la crisis que atraviesa el sector prestacional”.
Incluir Salud depende de la recientemente creada Secretaría de Discapacidad, en reemplazo de la agencia ANDIS. Tras dar cuenta del impacto negativo de los atrasos, el Foro reveló: “Numerosos prestadores no han percibido pago alguno desde” octubre 2025. Este dato no es menor y revela la metodología del gobierno con el sector.
A fines de octubre último, el gobierno salió con bombos y platillos a anunciar aumentos del 29,79% y 35 %, en las prestaciones por discapacidad. Como se ve, si no paga desde octubre esos aumentos se anunciaron pour la galeríe. Para el Foro, de hecho, “no han tenido impacto real alguno, dado que los pagos directamente no se efectivizaron”.
Se profundiza el atraso
Sobre el tema, asimismo, el Foro recordó que las prestaciones de octubre y noviembre últimos, debían pagarse “con recursos asignados al presupuesto 2025. Asimismo, numerosos prestadores señalan que la facturación correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026 aún no ha sido procesada por el organismo responsable”.
Para el Foro esto “extiende y profundiza el atraso en los pagos”. La entidad también reveló que la presentación de la facturación de enero de 2026 “se vio obstaculizada por dificultades operativas atribuibles a Incluir Salud, razón por la cual muchos prestadores acumulan ya tres meses de servicios (…) sin haber percibido el pago correspondiente”.
Esto último también es grave, pues las prestadoras debieron salir a conseguir recursos, o utilizar los que tienen para otros servicios, para pagar sueldos de estos meses, así como el aguinaldo y las obligaciones vinculadas a las vacaciones del personal. Aquí también se ve la falta de compromiso, y el desdén, de la gestión Milei con el sector.
Ante este panorama, desde el Foro señalan que “la lucha sostenida por las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores (…) aún no ha dado los resultados esperados, frente a un gobierno que desoye no solo los pronunciamientos del Congreso, sino también las resoluciones y advertencias del Poder Judicial”.
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