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Organismos de Derechos Humanos repudiaron el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), además, denunció tareas de inteligencia ilegal del gobierno

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), además, denunció tareas de inteligencia ilegal del gobierno

El gobierno nacional anunció suspensiones de personal y despidos el feriado del 31, a mediodía. Desde 2004 el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en un lugar de referencia nacional e internacional en materia de difusión  de la temática de los derechos humanos. El gobierno también cerró el centro.  El negacionismo, y la complicidad con el terrorismo de Estado de algunos de sus funcionarios, amenaza la democracia del país y su lugar de reconocimiento internacional en materia de derechos humanos. La CPM denunció tareas de inteligencia ilegal del gobierno.

Organismos de derechos humanos de todo el país, entre los que está la Comisión Memoria Verdad y Justicia de la Zona Norte, calificaron de “un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumando”, la decisión del secretario Alberto Baños, de anunciar despidos y suspensiones de personal el feriado del 31 de diciembre.

Los organismos señalaron, asimismo, que la decisión se tomó “con la anuencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona”.  Y evaluaron que la medida implica el desmantelamiento de áreas que, “a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Asimismo, destacaron que se trata de áreas reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero. Y denunciaron que el Conti cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidos, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de `guardias pasivas`”.

Organismos acompañan

También los organismos repararon en que se afectan -y en algunos casos no podrán realizarse-: “La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad”.

También “la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional”. Las entidades de derechos humanos, además, se solidarizaron con las y los trabajadores despedidos “o sometidos a contrataciones de brutal precarización laboral”.

En esta línea las organizaciones les dijeron que “estamos para acompañarles en sus demandas, y arbitraremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos”.

También advirtieron que deberán responder por estas políticas “el Estado argentino, y sus responsables”, actuales. La forma  desconsiderada, además, se suma a una denuncia formal de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre tareas de inteligencia en una marcha que denunciaba los despidos el viernes 27 de diciembre.  

Inteligencia ilegal

La Comisión (CPM) denunció tareas ilegales de inteligencia durante el abrazo a la ex ESMA del último viernes de 2024. En el marco del monitoreo de la represión a la protesta social, el organismo relevó la presencia la presencia de personal policial de civil y de policías realizando filmaciones de las y los manifestantes.

El viernes 27 de diciembre último, en efecto, cientos de trabajadores, militantes y manifestantes por su cuenta reclamaban por el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ( ir a la nota). Como en las peores épocas de la última dictadura desde el gobierno se habría intentado individualizar manifestantes.

“Estas acciones -evaluaron desde la CPM- son un elemento más en el cercenamiento. No solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti”.  

El organismo también consideró que las tareas de inteligencia “pudieron tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la Ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban”.

Gustavo Camps

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