En la Quinta de Olivos miles de personas con discapacidad, y representantes de entidades que les prestan servicios, reclamaron que no se libere el arancel unificado que se paga por prestaciones y surge del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad, un espacio colectivo creado por la Ley 24.901/97. Los convocó el Foro Permanente de la Discapacidad, que coordina el padre Pablo Moledo. La manifestación se repitió en San Luis, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y en el interior bonaerense, entre otros puntos del país. Dejaron una carta para el presidente, Javier Milei, que como es usual estaba de viaje.
La Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS busca desregular el nomenclador nacional que determina qué valor se paga, a nivel nacional, por las prestaciones para las personas con discapacidad. Esto abarca varios servicios educativos, de transporte, profesionales. En la actualidad la ley determina que es por consenso de las partes.
Esos aranceles actualmente los fija el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad. Que tiene representantes de Pami; ANDIS; Incluir Salud (pensionados); Superintendencia de Servicios de Salud. También el Ministerio de Salud de Nación; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
También tiene dos representantes de los prestadores; y del Consejo Federal de Discapacidad, con voz y sin voto. La ventaja de este espacio legal es que están todas las partes representadas. Y aunque igualmente los aranceles tienen atraso (100% el transporte; 45% los profesionales), al menos las partes llegan a un acuerdo.
Proyecto a escondidas
Pero la nueva gestión de ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, presentó un proyecto de decreto para que el Directorio deje de fijar el precio. Entre las entidades que cuidan a las y los discapacitados, y los atienden, no dejan de preguntarse a quién o quiénes quiere beneficiar Spagnuolo. Pues no le aviso a nadie del proyecto.
Y, es más, se sabe que en la era de la información es muy difícil guardar un secreto. Y cuando le preguntaron al funcionario qué animaba la iniciativa, y por qué había eludido informarlo a las partes del sistema, con mendacidad dijo que se trataba de “un borrador”, y lo minimizó, Cuando en rigor, “el borrador” ya está a la firma de la Jefatura de Gabinete.
La manifestación en la Quinta fue contundente. Tanto, que primero la Policía Federal trató de hacer valer el protocolo Bullrich anti protestas contra el gobierno. Pero era tal la cantidad de personas -algunos organizadores calcularon más de 10.000- que terminaron cortando los carriles completos de la av. Maipú frente a la Quinta.
Los organizadores, el Foro Permanente de Discapacidad, ese miércoles de la semana última, a media mañana, armó una radio libre. Y desde allí les dio la voz a manifestaciones similares en San Luis, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y en el interior bonaerense, entre otros puntos del país.
Todo el país alerta
En la Quinta, asimismo, estuvieron referentes de la discapacidad que asisten a las personas, y otras son directamente familiares, además. Tal el caso de médico, Daniel Donato, que habló desde San Luis. O, Francisco Zanoti, que dio testimonio de lo repleta que estaba la Plaza de Mayo, en esa ciudad vecina que también se movilizó.
María Martín, la mamá de una persona con discapacidad, por su parte, leyó una carta muy sentida, y a la vez clarísima. Dirigida a los funcionarios de ANDIS, y en definitiva a quienes deberían velar, desde el Estado, por las personas con discapacidad, explicó: “Ustedes no tienen respuestas y soluciones. Entonces, ustedes son el problema”.
Una de las hipótesis del campo de la discapacidad es que el gobierno quiere congraciarse, sin hacer mucho ruido, con las obras sociales, a cambio de que el sindicalismo no presione a senadores para que no voten -otro experimento negativo- la denominada por el gobierno “ley bases” que se trataría el miércoles 12 de junio.
Es que, si se deja de lado al Directorio, efectores como el PAMI; el ministerio de Salud con los pensionados (muchas personas con discapacidad lo son); y las obras sociales y prepagas podrán pagar lo que crean que les conviene. Y no como, actualmente, el mismo arancel acordado, para quienes prestan los servicios.
Otro de los referentes que estuvo en la marcha es el padre Pablo Moledo, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, y titular de la Comisión de Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires. Igual que la mamá en su carta, Moledo fue claro y preciso al hablar con algunos periodistas locales que se acercaron a la manifestación.
Riesgo para las personas con discapacidad
“Cuando se paguen aranceles que no responden a los costos las instituciones van a empezar a elegir. Bueno, a ver, tal persona viene de tal obra social que paga menos de lo que nosotros necesitamos, entonces no trabajamos con esa obra social”, explicó entre las principales preocupaciones de familias y entidades.
Como hoy el arancel, bajo y atrasado como está, no obstante, es único y sale del Directorio, nadie se puede hacer el desentendido. Y debe prestar los servicios a las personas con discapacidad, más allá de sus cuadros de resultado o sus presupuestos. La desarticulación del actual sistema llevará a esto, sin duda, señala el referente.
“Es el riesgo que se corre. Se abre la puerta a ese riesgo. La verdad es que no se ve en los fundamentos del proyecto de decreto, no se ve para nada, cuáles son los beneficios que aporta a las personas con discapacidad. No hay ninguno. No se explica para nada”, evaluó también Moledo.
Para el coordinador del Arzobispado es clarísimo. “Esperamos -explicó- que el nuevo Jefe de Gabinete (Guillermo Francos) pueda repensar este tema antes de firmarlo. Y que al presidente alguien le haga entender que no vemos el beneficio de todo esto”. Sobre la dirección de ANDIS, se mostró escéptico, por cómo se manejó hasta ahora.
Y también exhortó al Congreso: “Esperamos que diputados y senadores, preocupados por este tema, que presentaron otro proyecto para que una ley defina el único arancel de las prestaciones, sigan adelante. Y que lo que se quiere cambiar, por decreto, termine dispuesto por ley, para beneficio de las personas con discapacidad”, enfatizó.
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