El gobierno nacional desfinancia el sector. Y trata de que las personas con discapacidad dejen de cobrar sus pensiones, con requisitos imposibles de cumplir, u otroas manejos. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad marchó hoy desde media mañana al ministerio de salud para reclamar la actualización de los aranceles que cobran profesionales e instituciones que prestan servicios en el sector.
El Foro por la Discapacidad reclamó ante la falta de respuesta del director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y del ministro de Salud, Mario Lugones. Los funcionarios no acceden a la convocatoria urgente a una reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones.
Para el Foro -que es una entidad amplísima del campo de la discapacidad en el país- “esta situación profundiza la grave crisis del sector”. La movilización de las personas con discapacidad, días atrás, forzó que la comisión de Presupuesto, de Diputados, firme un dictamen para declarar la emergencia del sector.
El diputado nacional mileista, José Luis Epert -que preside la comisión- tenía el dictamen bajo siete llaves para que no lo firme esa comisión -en complicidad con la agencia nacional ANDIS. Cuando ya lo habían firmado las comisiones de Discapacidad y de Acción y Desarrollo Social de esa cámara.
Riesgo
La manifestación se realiza pues, según calcularon desde el Foro, más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención. Esto por el ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios, desfinanciados por el gobierno nacional, que no ajusta debidamente los aranceles desde 2023.
“La crisis ya es insostenible. No podemos esperar más”, señalan claramente desde el Foro. “Esta situación -denuncian- ha provocado el cierre de numerosos servicios. El endeudamiento de instituciones con trabajadores y el Estado, y ha dejado a muchos profesionales independientes sin ingresos dignos”.
Hoy martes, como respuesta a los reclamos de las personas con discapacidad, la gestión Milei mandó a la policía. Desde el Foro informaron que, aunque la inflación aumentó durante el año -y va en aumento mes a mes-, los aranceles no se ajustaron. Y en diciembre, ante la inflación del 2,7% el gobierno nacional aumentaba el 0,5%.
La declaración de emergencia no es ajena a estas situaciones. Sobre los aranceles a profesionales el proyecto plantea “una compensación de emergencia, una actualización mensual basada en el IPC, y un estudio de costos anual que permita ajustar los aranceles de manera realista», que garantice la continuidad.
Emergencia en discapacidad
El reclamo de las personas con discapacidad, por otro lado, no es caprichoso. Los servicios están previstos en la Ley 24.901 “con la calidad y eficiencia necesarias”. El gobieno nacional no tiene ningún argumento sólido, slavo mantener ciertas variables bajas en el año electoral, cuando no le va nada bien.
La emergencia, además, “contempla la actualización de la asignación mensual estímulo para los trabajadores del Empleo Protegido, que no ha sido actualizada desde febrero de 2023”. Esto también es clave pues el gobierno promociona programas de empleo que favorecen más a la empresa que toma que a la persona.
Por ejemplo, con bombos y platillos el gobierno nacional promociona la Linea 1 del Plan Promover. Que paga $25.000 mensuales, por 6 meses. Mientras trabaja, la persona con discapacidad no dispone de su obra social, sino del plan básico; y no puede cobrar su pensión. Esto busca el gobierno: eludir el pago de las pensiones.
Desde el Foro, más allá de los reclamos a Salud y a la agencia ANDIS, se espera el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad. Para el Foro es la “respuesta estructural a la situación crítica del sector”. Hasta el tratamiento, el campo de la discapacidad, en el país, se mantendrá en “estado de alerta y movilización”.
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