Javier Speroni es referente del, Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, un colectivo de entidades que promueve el acceso a las escuelas de las personas con discapacidad, desde una filosofía inclusiva. Participa de ASDRA –Asociación Síndrome de Down-. En esta entrevista explica los alcances del paradigma sobre inclusión de personas con discapacidad, la vigencia de la Convención internacional sobre sus derechos, de rango constitucional, y la campaña del Grupo para visibilizar el tema.
En la secundaria se aprendía que en la Esparta (Grecia) de la edad antigua las personas con discapacidad carecían de humanidad por lo cual se las eliminaba. El monte Taigeto, desde donde se los arrojaba al vacío, bien podrían ser hoy día leyes que no se cumplen, funcionarios prejuiciosos y sociedades discriminadoras.
Frente a esa postura de marginación, un nuevo paradigma coloca a la persona con discapacidad como sujeto pleno de derechos, y a la discapacidad como el resultado de las características de esa persona y las barreras a las que debe enfrentarse en su entorno generalmente armado con patrones estándar, funcionales e inalterables.
Con esta perspectiva, Javier Speroni, referente del, Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, y miembro de ASDRA –Asociación Síndrome de Down-, explica los alcances de una campaña que propone, como eje, garantizar el goce del ejercicio del derecho a la educación, con énfasis central en las personas con discapacidad.
También denuncia la exclusión sistemática a la que son expuestas las personas con discapacidad, las leyes existentes que les reconocen derechos pero se eluden, o directamente no se cumplen, la anuencia de funcionarios y gobiernos, y la cultura discriminadora enraizada en varios sectores de la sociedad.
¿Qué es el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva? Somos más de 160 organizaciones, de todo el país, que nos unimos porque más allá de la condición de cada persona lo que está por encima es el derecho humano a ser incluido en la sociedad, y ese derecho empieza en la escuela común donde deben ir todos los chicos a estudiar con todos y como todos. Pretendemos incidir en las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales para que se cumpla con la Convención (sobre las Personas con Discapacidad-13/12/2006 ONU) y específicamente el artículo 24 donde dice que los estados parte, la Argentina desde 2008, deben crear un sistema de educación inclusiva.
¿Con la educación especial, las llamadas escuelas 500 en provincia, no alcanza? Nosotros no menospreciamos la educación especial, sino que es una herramienta de apoyo para los pibes con y sin discapacidad. Además de abogar por el derecho a que nuestros hijos estén en una escuela común, necesitamos que se garantice que todos –recalca la pronunciación de esta última palabra- los niños aprendan respetando la diversidad, la particularidad de cada uno, y para eso es imprescindible contar con herramientas de apoyo y entre ellas la educación especial. Es un trabajo en conjunto entre la escuela común, la especial y la familia, que no implica desechar, o cerrar, la escuela especial. También hay que pensar en alternativas a las profesiones clásicas, en el nivel terciario y universitario, para que sean incluidas las personas con discapacidad.
¿La Convención se cumple en nuestro país? En 2018 se van a cumplir 10 años desde que la Convención es ley, además con rango constitucional de acuerdo a lo que dispone la reforma constitucional de 1994. Nuestro país está en deuda en este sentido, especialmente, en materia de educación inclusiva. El Estado, y la ley actual de educación, de ninguna manera garantizan el derecho de nuestros hijos a estudiar en aulas y escuelas comunes. La ley no es clara tampoco cuando dice que el ministerio “garantizará la integración”, no la inclusión, “de acuerdo a las posibilidades del alumno”; hace foco en el alumno y no en el sistema que es el que debe ser inclusivo, común. No garantiza la inclusión.
En la comunidad educativa hay docentes, no docentes, equipo de conducción, directivos, papás, mamás, alumnos ¿Cuál es el eslabón donde más se discrimina en esta cadena? El sistema educativo debe garantizar todos los medios y herramientas a todos los actores del sistema, digamos desde el portero hasta la dirección del colegio, para que ese alumno esté incluido y pueda participar y aprender plenamente. Hay excusas individuales sin fundamento: una directora o un docente pueden desconocer la ley; dicen “no tengo cupo” o “no estamos preparados”, aunque la primaria y la secundaria son obligatorias; el gabinete focaliza los aspectos de conducta y no en los pedagógicos. Lo mismo les pasa a los pibes en situación de vulnerabilidad social. El docente y los directivos deben atender la diversidad del alumnado para eso están y estudiaron para eso. Pero hace mucho que el sistema educativo no está bien, se presenta como “rígido”, cuando en realidad es muy flexible. Además, rechazar a un alumno porque es una persona con discapacidad es pasible de sanción, igual para la institución pública o privada.
¿A quiénes está dirigido el manual que editaron? Está dirigido a docentes y directivos, pero es útil a los alumnos y sus familias, en general. Lo hicimos entre el Grupo y COPIDIS, que es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, a partir de la Res. 311/16 del Consejo Federal de Educación, es decir, una normativa firmada por los ministerios de Educación de todas las provincias. Y tiene un trabajo con la currícula de la CABA, donde queda demostrado lo flexible que es para la inclusión del alumno con discapacidad, y siempre pensando en su necesidad. Lo que yo aprendí con mi hijo (Ezequiel, 18 años) es bajar las palabras a tierra. La currícula es flexible, a la mayoría de los directivos y docentes no les interesa o no lo saben.
¿Y la campaña con piezas publicitarias? Es de concientización; dirigida a la sociedad en general. Tiene un mensaje positivo, muestra niños con y sin discapacidad jugando. El juego les permite imaginar libremente: que son astronautas, bomberos, que están en un safari ¿Si juntos pueden jugar y desarrollar esa imaginación, por qué no permitimos que estudien juntos? Ellos no están contaminados con la cultura discriminatoria que atraviesa a toda la sociedad y esto nos interpela como sociedad: ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de personas son las que tienen el poder del saber, como los maestros; de curar, como los médicos? ¿Qué clase de persona tapa con su auto una rampa que le permite circular a otra persona?
Pesa mucho lo cultural, una ideología de rechazo “por las dudas”, por lo que expresa… Tengo una anécdota. Un papá invoca la Convención, y la Res. 311/06, federal porque fue firmada por todos los ministros (ver más arriba), y en una escuela provincial le llegaron a decir que no se aplicaba porque “era federal y no provincial”, como si Buenos Aires se hubiera independizado y nadie se enteró (risas). Sigue siendo una cuestión azarosa encontrar colegio, y el colegio nos termina eligiendo a nosotros. Una funcionaria de la CABA que “controla” las escuelas de gestión privada nos pidió que “por favor” comprendiéramos nosotros a las familias de niños sin discapacidad que “no quieren” que sus hijos se junten con los nuestros “por si se contagian”. Resulta una barbaridad pero la funcionaria lo decía sin ningún tipo de vergüenza. Los recursos para la educación de las personas con discapacidad salen del área de salud y no de educación, por ese prejuicio de que el niño con discapacidad va a la escuela a “curarse” y no a educarse. Esa cultura ha hecho invisibles a las personas con discapacidad y creo que es la escuela la que puede romper ese círculo vicioso. Le compete al ministerio de Educación nacional que se cumplan las leyes, se garantice el ingreso. Las personas con discapacidad tienen mucho para aportar.
Gustavo Camps
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