Es en medio de una disputa judicial entre las autoridades sindicales elegidas por los afiliados, encabezada por el secretario general de la UPSRA, Ángel García; y un opositor -Leónides Requelme García- que en la gestión Macri, en 2016, consiguió encabezar el sindicato tras una intervención dispuesta por Jorge Triaca (h). La Justicia en primera instancia invalidó la elección de Requelme; y hasta la designación de interventores. Pero Requelme se niega a entregar a los trabajadores la sede sindical; y la semana última lo detuvieron por echar a balazos, y con bombas de estruendo, a los trabajadores que decidieron en asamblea recuperar su sede en Bulnes y Tucumán.
A fines de 2016 el ex secretario de Trabajo, Jorge Triaca (gestión Macri), intervino el sindicato de seguridad UPSRA, con el argumento de una férrea disidencia planteada entre el oficialismo, liderado por Ángel García –secretario general de UPSRA por 30 años- y el opositor Leónides Requelme, vinculado a Luis Barrionuevo y al propio Jorge Triaca.
Durante la intervención, trabajadores de la seguridad acusaron al ex secretario Triaca de desviar fondos de la UPSRA ($15.000.000) hacia firmas vinculadas con él; una metodología por la que igualmente lo denunciaron, en el marco de la intervención que también había dispuesto del sindicato SOMU (obreros marítimos).
En el contexto hostil para los trabajadores, de la gestión Macri, el interventor de la UPSRA –de apellido Alonso cuya legalidad también había sido cuestionada ante la Justicia- llamó a elecciones. El ex ministerio de Triaca convalidó una sola lista, afín a sus intereses. Las opositoras fueron a la Justicia, esa lista no asumió.
Intervención cuestionada
El cuestionamiento de Alonso como interventor seguía su curso en la Justicia. En medio de ese desconcierto –a río revuelto ganancia de pescadores- Requelme y el interventor Alonso lograron pergeñar otros comicios en noviembre de 2019; donde además obviamente fue “electo” Requelme, y su interventor Alonso le dio visto bueno a todo.
El destino del sindicato, en este contexto, había quedó a la deriva en el maremágnum de la Justicia; con presentaciones y contra presentaciones de las partes. Pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, posteriormente, la Sala VIII del mismo tribunal, suspendieron aquellos polémicos comicios de Requelme.
De hecho, un dictamen de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del ministerio de Trabajo, del 10 de agosto de 2021, al que tuvo acceso denorteanorte.com, sobre una certificación de autoridades que solicitó Requelme, sostiene: “pretende la extensión de una certificación que es consecuencia de un acto eleccionario declarado inválido por la autoridad judicial interviniente”.
Este documento, además de que dictamina rechazar el pedido de Requelme; informa que a pocos días de aquella elección en 2019, Ángel García consiguió, ante la Justicia que se suspenda la designación del interventor Alonso; y que se certifique el mandato de las autoridades de la comisión directiva que sufrió la intervención.
Requelme a los tiros
El dictamen de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, además, señala sobre Alonso que “el Delegado Normalizador se encontraba inhibido de actuar en tanto la resolución que dispuso su accionar se encontraba suspendida cautelarmente”. Toda la trama de fondo de este entuerto duerme en algún cajón de la Corte Suprema de Justicia.
La semana última se conoció que trabajadores de seguridad de la gestión de Ángel García fueron a la sede sindical de Bulnes y Tucumán, en la CABA; y en asamblea decidieron recuperar el edificio. Pero allí Requelme, y algunos de sus seguidores, los recibieron a los tiros, y con bombas de estruendo.
Desde diversas fuentes sindicales, y la prensa sectorial, informaban que un hijo de Requelme resultó acusado de portar armas de fuego; y que en las requisas policiales en la sede sindical se encontraron también armas. Además se informó que el gremialista Leónidas Requelme fue detenido por esta situación de violencia que generó.
Ver cómo surgió la intervención de la UPSRA en la era Triaca (hijo) –cuando el ministerio de Trabajo fue degradado a secretaría por la gestión Macri- revela que se realizó con intereses totalmente ajenos a las y los los trabajadores de la seguridad. Pero lo cierto es que ahora le corresponde a la Justicia tomar una decisión final para que restituya el sindicato y la sede sindical a los trabajadores.
Gustavo Camps
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